Relaciones Chile-Argentina
Argentina ratifica tratados que reconocen soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes tras polémica por dichos de jefe militar
La controversia diplomática abierta por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, terminó llevando a ambos gobiernos a invocar los mismos instrumentos jurídicos: el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y…
La controversia diplomática abierta por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, terminó llevando a ambos gobiernos a invocar los mismos instrumentos jurídicos: el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, acuerdos que delimitan las soberanías en el extremo austral y mantienen al Estrecho de Magallanes bajo un régimen de libre navegación internacional.
Argentina buscó descomprimir el conflicto este martes 25 de agosto mediante una declaración oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella estableció que su posición respecto del Estrecho es aquella contenida en ambos tratados y afirmó expresamente que estos “rigen plenamente y son considerados definitivos” por ese país.
El pronunciamiento llegó después de que Chile formalizara su molestia mediante una nota de protesta por las palabras de Valverde, quien durante una entrevista difundida el domingo incluyó a Magallanes entre las áreas en las que Argentina debía mantener presencia por razones de soberanía y seguridad estratégica.
El militar señaló que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y describió la zona como una llave bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico. Sus expresiones fueron interpretadas en Chile como una alusión a soberanía argentina sobre un territorio cuyo estatuto limítrofe se encuentra definido por acuerdos internacionales vigentes.
La respuesta chilena fue categórica. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible” y recordó que su fundamento se encuentra precisamente en los tratados celebrados entre ambos países en 1881 y 1984.
El ministro agregó un llamado a las autoridades extranjeras a actuar con responsabilidad en sus declaraciones y evitar generar confusión respecto de materias que Chile considera jurídicamente resueltas. Cancillería decidió posteriormente elevar esa posición mediante la vía diplomática formal.
Argentina se distancia de la interpretación de los dichos del general
La respuesta del Gobierno de Javier Milei no respaldó una eventual pretensión territorial sobre el Estrecho.
Por el contrario, la Cancillería argentina indicó oficialmente que su posición se encuentra determinada por los tratados de 1881 y 1984 y enfatizó su carácter definitivo. Junto con ello, explicó que el interés estratégico argentino en el extremo austral se vincula con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, debido a la relevancia creciente de esas zonas para los recursos naturales, las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.
Buenos Aires también puso el acento en la cooperación bilateral con Chile. Recordó que ambos países mantienen mecanismos conjuntos en materias antárticas, coadministran zonas especialmente protegidas y sostienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.
El comunicado concluyó reafirmando el compromiso argentino de abordar las cuestiones de interés común a través de los canales institucionales existentes entre ambos gobiernos.
La aclaración fue valorada por el Presidente José Antonio Kast, quien evitó prolongar el enfrentamiento. “Agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino”, señaló, destacando que Buenos Aires reconociera la soberanía chilena en el Estrecho.
También el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, dio posteriormente por superado el episodio, aunque calificó la controversia como un “ruido innecesario” y llamó a evitar nuevas declaraciones que puedan afectar las relaciones bilaterales.
Qué estableció el Tratado de Límites de 1881
La discusión tiene un antecedente jurídico central en el Tratado de Límites celebrado entre Chile y Argentina el 23 de julio de 1881.
El acuerdo fijó gran parte de la frontera entre ambos Estados y estableció reglas específicas para la zona austral, incluyendo la Patagonia, Tierra del Fuego, las islas adyacentes y el Estrecho de Magallanes. Fue promulgado en Chile durante el gobierno de Domingo Santa María y publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de ese año.
Para la zona inmediatamente situada al norte del Estrecho, el artículo II trazó la frontera desde Punta Dungeness hacia Monte Dinero y posteriormente hacia el oeste, definiendo qué territorios quedarían a cada lado de la línea limítrofe.
El tratado complementó esa delimitación con las reglas aplicables a Tierra del Fuego. Su artículo III dispuso que la parte occidental sería chilena y la oriental argentina, además de distribuir las islas situadas al sur del continente.
Particular importancia tiene el artículo V, que estableció una condición que continúa vigente hasta hoy: “El Estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad” y se asegura la libre navegación para las banderas de todas las naciones.
La neutralización y la libertad de navegación no significan que el Estrecho carezca de soberanía estatal. Se trata de conceptos jurídicos distintos: el tratado establece un régimen internacional de navegación, pero ello no convierte al paso marítimo en un territorio compartido entre Chile y Argentina.
Precisamente esa diferencia resulta central para entender la actual controversia. El derecho de embarcaciones extranjeras a utilizar el paso no equivale a atribuir soberanía territorial a los Estados cuyos barcos navegan por él.
El mismo artículo V agregó que, para proteger esa libertad y neutralidad, no podrían construirse en sus costas fortificaciones o defensas militares capaces de contrariar ese objetivo.
El Tratado de 1984 despejó la delimitación en la boca oriental
Más de un siglo después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reforzó y precisó ese régimen.
Este acuerdo fue suscrito después de la grave crisis por el Canal Beagle que llevó a Chile y Argentina al borde de un enfrentamiento armado en 1978. La mediación de la Santa Sede permitió encauzar el conflicto y culminó con la firma del tratado el 29 de noviembre de 1984 en la Ciudad del Vaticano.
Su artículo 10 resulta especialmente relevante para determinar la soberanía en el acceso oriental del Estrecho.
La norma establece que, en el término oriental comprendido entre Punta Dungeness, por el norte, y Cabo del Espíritu Santo, por el sur, la frontera entre ambos Estados corresponde a una línea recta que une el Hito Ex-Baliza Dungeness con el Hito I Cabo del Espíritu Santo.
A partir de esa línea, el propio tratado establece que la soberanía argentina sobre el mar, suelo y subsuelo se extiende hacia el oriente, mientras que la soberanía chilena lo hace hacia el occidente.
Esto significa que la delimitación internacional se encuentra situada en el extremo oriental del Estrecho y no en su interior.
El tratado de 1984 se preocupó, además, de despejar cualquier duda respecto de la continuidad jurídica del acuerdo de 1881. El artículo 10 declara que la nueva delimitación “en nada altera” lo establecido en aquel instrumento respecto de la neutralización permanente y libre navegación por el Estrecho.
Argentina asumió asimismo la obligación de garantizar, en cualquier tiempo y circunstancia, que los buques de todas las banderas puedan atravesar sus aguas jurisdiccionales de manera expedita y sin obstáculos cuando naveguen hacia o desde el Estrecho de Magallanes.
Por ello, el régimen jurídico establecido por ambos acuerdos distingue claramente entre soberanía y navegación: Chile ejerce soberanía sobre el Estrecho mientras permanece obligado a asegurar su neutralidad y la libre navegación internacional; Argentina, a su vez, debe garantizar el acceso a través de las aguas que se encuentran bajo su jurisdicción al este del límite acordado.
Los tratados son considerados definitivos por ambos gobiernos
La relevancia de la declaración emitida ahora por Buenos Aires radica precisamente en que el Gobierno argentino volvió a reconocer formalmente ese marco jurídico.
La Cancillería trasandina no planteó una reinterpretación territorial de los acuerdos ni anunció la existencia de alguna controversia limítrofe pendiente respecto del Estrecho. Su declaración se remitió a los tratados y calificó ambos instrumentos como plenamente vigentes y definitivos.
Esto coincide con la posición que Chile ha sostenido durante décadas y que la Cancillería reiteró esta semana: el régimen de libre navegación no transforma al Estrecho de Magallanes en un territorio binacional ni altera la soberanía chilena.
La diferencia entre ambos conceptos también aparece reflejada en el propio Tratado de Paz y Amistad. Mientras su artículo 10 fija expresamente la delimitación entre las soberanías de ambos países en el extremo oriental, el mismo precepto mantiene intacto el régimen internacional de navegación acordado en 1881.
No es la primera polémica de 2026
El episodio tampoco constituye la primera controversia de este año provocada por declaraciones provenientes de mandos militares argentinos sobre la zona.
En abril, el canciller Pérez Mackenna ya había debido intervenir públicamente después de que trascendieran dichos efectuados meses antes por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien había sostenido que la boca oriental del Estrecho era argentina.
En esa oportunidad, el canciller calificó la discusión como una “polémica infundada” y reiteró que Chile ejerce control sobre ambas riberas del Estrecho, al mismo tiempo que garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional.
La reiteración de declaraciones de altos mandos argentinos explica en parte la firme reacción política que generaron esta vez las palabras de Valverde. Parlamentarios de distintos sectores solicitaron formalizar una protesta diplomática y exigieron evitar que afirmaciones de esta naturaleza se normalicen dentro de la discusión pública trasandina.
De una crisis histórica a una relación de cooperación
La controversia se produce, además, en un contexto bilateral muy distinto al que existía cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por el Canal Beagle.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 no solo solucionó las diferencias territoriales en la zona austral. También estableció mecanismos para prevenir nuevos conflictos y comprometió a ambos Estados a abstenerse de recurrir directa o indirectamente a la amenaza o al uso de la fuerza, privilegiando medios pacíficos para resolver sus controversias.
Posteriormente, esa arquitectura bilateral fue profundizada mediante otros instrumentos, entre ellos el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación de 2009, que identifica al acuerdo de 1984 como un marco permanente de la relación entre ambos Estados.
Actualmente Chile y Argentina mantienen cooperación en defensa, integración fronteriza y asuntos antárticos. Incluso el propio Valverde, en la entrevista que originó la polémica, destacó la relación entre las Fuerzas Armadas de ambos países y sostuvo que las diferencias históricas se encontraban superadas.
La declaración oficial argentina parece orientarse precisamente en esa dirección: separar los dichos del jefe militar de la posición jurídica del Estado y reafirmar los acuerdos que regulan la frontera austral.
De este modo, aunque la frase de Valverde generó una protesta diplomática y obligó a Santiago a reafirmar públicamente su posición territorial, el episodio terminó con las cancillerías de ambos países remitiéndose al mismo marco normativo.
El Tratado de Límites de 1881 mantiene al Estrecho neutralizado y abierto a la navegación internacional, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 fija en su extremo oriental la línea que separa las soberanías argentina y chilena y ratifica expresamente que esa delimitación no altera el régimen acordado más de un siglo atrás.
Con la declaración emitida este martes, el propio Gobierno argentino reconoció nuevamente que esos instrumentos continúan plenamente vigentes y que son definitivos para la República Argentina.
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