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TJUE dictamina que tribunales nacionales deben fundamentar su negativa a plantear cuestiones prejudiciales en sus estrados
La sentencia define las condiciones bajo las cuales un tribunal nacional puede omitir la consulta obligatoria al TJUE. El dictamen enfatiza que la celeridad procesal y la administración eficiente de justicia no eximen a las cortes supremas de exponer fundamentos técnicos concretos cuando deciden no elevar una cuestión. Se establece así una salvaguarda para la aplicación uniforme de la normativa de la Unión Europea en todos sus Estados miembros.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que aborda la responsabilidad de los tribunales nacionales de última instancia respecto al planteamiento de cuestiones prejudiciales. El dictamen establece que cualquier tribunal que resuelva sin posibilidad de recurso ulterior mantiene la obligación de motivar la negativa a elevar una consulta al organismo europeo. Esta exigencia persiste incluso cuando la normativa interna del Estado miembro autorice el uso de fundamentaciones simplificadas para agilizar la resolución de los litigios.
El caso se originó a partir de un recurso interpuesto por un ciudadano marroquí ante el Consejo de Estado de los Países Bajos, tras la denegación de un permiso de residencia europeo. La legislación neerlandesa faculta a dicho tribunal para desestimar apelaciones mediante una motivación abreviada con el fin de reducir la duración de los procesos y priorizar asuntos de mayor relevancia jurídica. Ante la duda sobre si este mecanismo de simplificación era compatible con el deber de remitir dudas interpretativas al TJUE, el Consejo de Estado elevó una consulta prejudicial.
La sentencia aclara que la obligación de remisión solo admite tres excepciones: la falta de pertinencia de la cuestión suscitada, la existencia de una interpretación previa del Tribunal de Justicia o que la norma sea tan clara que no genere duda razonable. Cuando un tribunal superior decida ampararse en alguna de estas situaciones para no realizar la consulta, debe detallar de forma específica y concreta las razones jurídicas y fácticas que justifican tal decisión.
Finalmente, el fallo indica que los tribunales de última instancia pueden validar y hacer suya la fundamentación ya expuesta por un tribunal de jerarquía inferior. Para que esta práctica sea válida, el órgano de primera instancia debe haber explicado previamente y con precisión los motivos por los cuales el asunto encajaba en alguna de las excepciones que eximen de la obligación de plantear la petición de decisión prejudicial.
El hecho de que un Estado miembro autorice a un tribunal a formular una motivación abreviada, con el objetivo de garantizar la buena administración de la justicia, al reducir la duración de los procedimientos judiciales, no altera en absoluto esa obligación de motivación. Incluso en esa situación, un tribunal supremo sigue estando obligado a exponer, de manera específica y concreta, las razones por las que considera que está justificado no plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia”, señala el fallo.
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