TEDH inadmite demanda deducida contra Italia por restricción de uso de terrenos privados incorporados a reserva natural

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó la inadmisibilidad de una demanda deducida contra Italia. El proceso judicial tuvo su origen en la imposición de restricciones de uso de suelo sobre parcelas privadas pertenecientes a dos de los demandantes tras la creación de una reserva natural. Los terrenos eran utilizados por una sociedad agrícola para la cosecha de álamos, actividad que se vio limitada por la nueva normativa ambiental.

Los antecedentes del caso indican que en 2007 se estableció el área protegida Risorgive di Codroipo para preservar hábitats y especies, en cumplimiento de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Posteriormente, en 2011, las autoridades municipales rechazaron una solicitud para replantar un bosque de álamos debido a que la nueva clasificación del suelo prohibía dicha actividad. Ante esto, los propietarios recurrieron a los tribunales nacionales alegando que las restricciones carecían de compensación económica y equivalían a una expropiación de facto.

La justicia italiana, incluyendo el Consejo de Estado, desestimó las pretensiones de los demandantes. Las sentencias nacionales determinaron que las medidas no constituían una privación definitiva de la propiedad, sino limitaciones reglamentarias sobre su modo de uso, las cuales no generaban derecho a indemnización bajo la legislación local. Asimismo, se destacó que la distinción entre restricciones expropiatorias y regulatorias es una línea jurisprudencial consolidada en el derecho administrativo italiano.

En su análisis de fondo, el TEDH reconoció que las restricciones interfirieron con el disfrute pacífico de las posesiones de los propietarios. No obstante, el tribunal puntualizó que dicha interferencia tenía una base legal y perseguía el interés general de proteger el medio ambiente. Los magistrados subrayaron que las políticas de protección ambiental otorgan al Estado un margen de maniobra más amplio que cuando se trata exclusivamente de derechos civiles. Respecto a la falta de compensación, el fallo indicó que este es solo un factor para determinar si se logró un equilibrio justo, pero no constituye por sí mismo una violación al derecho de propiedad.

Finalmente, el tribunal observó que los demandantes debían estar al tanto de que las condiciones de uso de la tierra eran modificables, dado que durante décadas habían solicitado autorizaciones previas para sus actividades forestales. El decreto que creó el área protegida fue de carácter público desde 2007, por lo que se consideró que los interesados pudieron haber previsto las restricciones. La Corte también valoró que los afectados tuvieron acceso a subsidios por el uso de la tierra durante más de diez años y no cuestionaron la suficiencia de dichos pagos en las instancias nacionales.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.