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Diario Constitucional

Informe de grupo de trabajo

ONU advierte sobre impacto de la IA en derechos humanos y pide regulación

Advierte sobre los riesgos que supone el uso creciente de la inteligencia artificial sin una regulación clara y uniforme. Destaca la urgencia de alinear estas tecnologías con los estándares internacionales de derechos humanos, proponiendo evaluaciones de impacto, mecanismos de supervisión y responsabilidades legales para empresas y Estados. También se insta a prohibir ciertas aplicaciones, como la vigilancia masiva, y a fomentar la cooperación internacional con enfoque inclusivo.

Por Redacción·25 de junio de 2025·3 min de lectura
imagen: coe.int
Referencial

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos emitió un informe en el que se analizan las consecuencias jurídicas del uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en relación con las normas internacionales de derechos humanos. El informe parte de la constatación del incremento en la implementación de estas tecnologías por parte de entidades públicas y privadas, y plantea la necesidad de alinear su desarrollo y aplicación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos adoptados por el Consejo.

El documento señala que, ante la ausencia de una regulación uniforme y con base en el principio de debida diligencia, es preciso establecer mecanismos preventivos para evitar impactos adversos sobre derechos tales como la no discriminación, la privacidad y la libertad de expresión. Con tal finalidad, se recomienda la incorporación de evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de la adquisición o despliegue de sistemas automatizados, así como el establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de rendición de cuentas ante eventuales transgresiones.

Desde el punto de vista normativo, se constata la existencia de marcos jurídicos dispares en distintas jurisdicciones, incluyendo leyes vinculantes como la recientemente aprobada Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. No obstante, se concluye que el panorama regulador carece actualmente de estándares armonizados y definiciones comunes, lo que obstaculiza la aplicación coherente de las normas internacionales de derechos humanos en este ámbito.

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