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Diario Constitucional

Consolida un régimen autoritario en el país.

Nicaragua: CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional que elimina los contrapesos democráticos.

Entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo de "democracia directa" que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con mandatos de seis años.

Por Redacción·30 de noviembre de 2024·3 min de lectura
Nicaragua: CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional que elimina los contrapesos democráticos.
Referencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modifica más de cien artículos. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 2024 consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos.

Entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo de «democracia directa» que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con mandatos de seis años. Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo. Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los «principios fundamentales» de la Constitución reformada.

Adicionalmente, mediante la reforma se refuerza el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación. En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la «estabilidad de la República» para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018. Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia.

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