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Diario Constitucional

Constató inacción y negligencia de las autoridades.

Italia debe adoptar una “estrategia global” para abordar caso de grave contaminación ambiental causada por incendios en vertederos ilegales, resuelve el TEDH.

De acuerdo con el “principio de precaución” y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la detección del problema de contaminación, el Estado no puede alegar la imposibilidad de determinar con exactitud los efectos específicos que la contaminación pudo haber tenido sobre la salud de un demandante en particular para eludir su obligación de protección respecto a los demás demandantes.

Por Redacción·12 de febrero de 2025·3 min de lectura
imagen: cngeologi.it
Referencial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió las demandas interpuestas contra Italia por la inacción de las autoridades en el marco de un caso de vertido de residuos y contaminación ambiental en la zona de “Terra dei Fuochi” (Campania, Italia). Constató una violación del artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al estimar acreditado que el Estado italiano no respondió a esta situación de extrema gravedad con la diligencia y rapidez requeridas, a pesar de los graves perjuicios causados a la población local.

La «Terra dei Fuochi», una zona que abarca 90 municipios, ha sido objeto de prácticas ilegales de eliminación de residuos desde 1988. Investigaciones parlamentarias identificaron vertederos clandestinos en las provincias de Caserta y Nápoles, controlados por organizaciones criminales. Los métodos de eliminación incluían el entierro en canteras y terrenos agrícolas, la incineración al aire libre y la mezcla con materiales de construcción, resultando en contaminación del suelo, agua y aire.

Los informes médicos y científicos señalaron un aumento en enfermedades oncológicas y diversas afectaciones a la salud de los residentes de la zona. No obstante, la respuesta estatal ha sido objeto de críticas debido a la insuficiencia de medidas disuasorias, dificultades en la aplicación de sanciones y retrasos en los planes de saneamiento. A pesar de múltiples investigaciones parlamentarias el problema persiste, por lo que algunos afectados demandaron al Estado ante el TEDH.

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