Corte Internacional de Justicia inicia audiencias orales en litigio fronterizo entre Guyana y Venezuela

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició audiencias orales para abordar el fondo de la controversia territorial entre Guyana y Venezuela. El objetivo central de este proceso es que el tribunal determine si el territorio del Esequibo, que comprende cerca de dos tercios de la superficie guyanesa, pertenece legítimamente a dicha nación o si las reclamaciones venezolanas tienen sustento legal. Guyana ha solicitado formalmente que se reconozca la validez del acuerdo fronterizo vigente desde hace más de un siglo.

Estas sesiones están programadas para desarrollarse entre el 4 y el 11 de mayo, representando el punto más crítico desde que el caso fue presentado inicialmente en 2018. Durante la primera jornada, Guyana expuso sus argumentos en favor de la vigencia del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, el cual fijó los límites entre Venezuela y la entonces colonia británica. Se espera que tras las rondas de alegatos orales de esta semana, Venezuela presente sus fundamentos jurídicos durante la semana siguiente ante los magistrados internacionales.

La historia de esta disputa se remonta a finales del siglo XIX, cuando un tribunal internacional conformado por expertos de diversas nacionalidades asignó el territorio a la Guayana Británica de forma unánime. Esta demarcación fue aceptada por las autoridades venezolanas durante seis décadas, hasta que en 1966, poco antes de la independencia de Guyana, Venezuela cuestionó la legitimidad del laudo acusando un presunto acuerdo irregular entre los árbitros. Desde entonces, la zona ha permanecido bajo control administrativo de Guyana, aunque bajo la constante reclamación de su vecino.

Antes de llegar a esta etapa de fondo, la Corte Internacional de Justicia ya resolvió cuestiones preliminares sobre su propia competencia en 2020 y 2023, rechazando las objeciones presentadas por la representación venezolana. En el transcurso del litigio, el tribunal también ha emitido medidas cautelares para evitar que se modifique la situación de facto en el terreno. Entre estas disposiciones destaca la orden de evitar acciones administrativas o electorales en la región por parte de Venezuela que pudieran interferir con la autoridad ejercida por Guyana.

La situación política reciente ha añadido complejidad al caso, tras la aprobación en Venezuela de leyes que buscan integrar formalmente el Esequibo a su mapa político y crear estructuras para la extracción de recursos minerales y energéticos.

La actual conducción del gobierno interino venezolano ha señalado su intención de no acatar el veredicto final de la Corte, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de la futura sentencia. Mientras tanto, Guyana mantiene la explotación de sus reservas petroleras, que alcanzan cifras significativas de producción diaria, bajo el respaldo de diversas organizaciones internacionales que abogan por una solución judicial definitiva.

Vea comunicado de prensa.