Independencia judicial.

Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano no violó derechos de juez destituido en los años 90.

Estado peruano no fue responsable de la violación a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, y a la protección judicial del juez destituido en un proceso disciplinario.