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Diario Constitucional

Derechos Humanos.

CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios y periodistas en Nicaragua.

Diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación.

Por Redacción·08 de octubre de 2020·5 min de lectura
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan preocupación por la escalada represiva en Nicaragua marcada por el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas.

De acuerdo con la información disponible, así como los reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en las últimas semanas diputadas y diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación.

El 22 de septiembre se presentó la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjerosque obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como «agentes extranjeros». Ello conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna y de «ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos». Por último, prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de actividades.

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