Se los acusa por el presunto delito de prevaricato.

CIDH solicitó al Estado peruano un informe sobre las acusaciones constitucionales interpuestas por la Comisión Permanente del Congreso contra cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional.

Estos fueron acusados de emitir un nuevo fallo que otorga la condición de lesa humanidad al caso El Frontón.