CIDH presenta caso Guillermo Antonio Álvarez de Argentina, ante la Corte Interamericana sobre la responsabilidad internacional del Estado por varias violaciones a sus derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 27 de marzo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Guillermo Antonio Álvarez, respecto de Argentina, sobre la responsabilidad internacional del Estado por varias violaciones a sus derechos humanos en el marco de un proceso penal seguido en su contra.

Guillermo Antonio Álvarez fue sujeto a un proceso penal por los delitos de robo y homicidio ocurridos entre los días 27 y 28 de julio de 1996. El 28 de octubre de 1999 el Tribunal Oral de Menores ante el cual se sustanció el proceso lo condenó a la «pena única de reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas». Contra esta decisión se interpusieron recurso de casación y una serie de carácter extraordinario, quedando en firme la condena impuesta.

En su Informe de Fondo, la Comisión determinó una serie de violaciones que se verificaron en el marco del proceso penal. En primer lugar, determinó que la víctima no contó con el tiempo y los medios para la preparación de una defensa adecuada y efectiva. Además, tras la revocación del patrocinio a los representantes de confianza de la víctima, el tribunal decidió no concederle tiempo para la designación de nuevo defensor, sino que designó de oficio a la Defensora Pública Oficial el mismo día en que comenzaba la audiencia de inicio de juicio. La víctima pudo reunirse con la defensora únicamente una hora antes de la audiencia y durante la misma decidió no prestar declaración. Si bien el tribunal consideró que la defensora asignada tendría conocimiento de la causa al haber previamente defendido a un coimputado, se observó que ella misma señaló que no le era posible estudiar la situación de la víctima en menos de 24 horas. También, notó que el tribunal no realizó un análisis de la posible incompatibilidad en la representación de los dos imputados de la causa por parte de una defensora común.