Chile presentará antecedentes a la CPI en investigación sobre Venezuela

El anuncio del Gobierno chileno de presentar antecedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ha generado un intenso debate sobre las implicancias legales y diplomáticas de esta acción. La decisión se enmarca en la investigación en curso denominada “Venezuela 1”, donde se analizan presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro y altos mandos de su Gobierno. Más allá del impacto político, este paso representa un respaldo a los mecanismos del Derecho Internacional para sancionar crímenes de lesa humanidad y fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia penal.

Según explica la académica de Derecho Internacional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Carla Chovar, la CPI opera bajo el Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. “En el caso del crimen contra Ronald Ojeda, lo que el Gobierno ha anunciado no se trata de una denuncia nueva o de una querella aparte, sino que presentará ‘una referencia’ con los antecedentes recabados hasta ahora por el Ministerio Público, los que serán enmarcados dentro de la investigación en curso de la CPI”, señala. En este contexto, se evalúa si el asesinato de Ojeda puede ser considerado parte de un ataque sistemático contra la población civil, como lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, que describe las circunstancias en las que se configuran los crímenes de lesa humanidad.

Desde una perspectiva diplomática, este movimiento profundiza la distancia entre el Gobierno de Chile y el régimen venezolano. No obstante, Chovar sostiene que esta acción “no representa un giro en la política exterior chilena, sino un paso más en la misma dirección que ha mantenido en el tiempo, condenando presuntas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Venezuela”.