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Diario Constitucional

Esta situación ha sido agravada por la Ley No. 14.701.

Brasil: CIDH y ONU Derechos Humanos condenan la violencia contra pueblos indígenas y llaman a proteger derechos territoriales de estos pueblos.

En los últimos meses se han registrado hechos violentos contra las comunidades indígenas, incluyendo agresiones de particulares y fuerzas policiales, provocando el desplazamiento forzado de comunidades y la muerte de varios de sus integrantes que defienden sus tierras.

Por Redacción·19 de octubre de 2024·3 min de lectura
Imagen: acnudh.org
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su profunda preocupación por la ola de violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, especialmente en los estados de Bahía, Paraná y Mato Grosso do Sul, en el contexto de la defensa de sus derechos territoriales.

En los últimos meses se han registrado hechos violentos contra las comunidades indígenas, incluyendo agresiones de particulares y fuerzas policiales, provocando el desplazamiento forzado de comunidades y la muerte de varios de sus integrantes que defienden sus tierras. Entre ellos, se tomó conocimiento del asesinato de líderes del pueblo Pataxó Hã-Hã-Hãe, Lucas Santos de Oliveira en diciembre de 2023, así como de Maria de Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, en enero de este año. El 17 de septiembre, Neri Ramos da Silva, un joven indígena del pueblo Guaraní Kaiowá, fue asesinado durante un intento de recuperación de tierras previamente demarcadas a favor de su comunidad, pero que siguen siendo disputadas por intereses privados.

La ola de violencia está alimentada por los insuficientes avances en la demarcación de tierras indígenas y la incertidumbre jurídica. Esta situación ha sido agravada por la Ley No. 14.701, aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2023, que adopta la tesis del «Marco Temporal», limitando los reclamos territoriales indígenas a las tierras ocupadas hasta la promulgación de la Constitución Federal de 1988. Resulta preocupante que el Congreso promulgó esta Ley a pesar del veto el Poder Ejecutivo y de que el Supremo Tribunal Federal (STF) anteriormente había declarado la inconstitucionalidad de dicha tesis. La decisión final de la más alta corte sobre la inconstitucionalidad de la ley está aún pendiente.

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