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Diario Constitucional

Prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país.

A tres años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la persistencia de la impunidad.

La Comisión lamenta la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país. A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas, afirma.

Por Redacción·21 de abril de 2021·6 min de lectura
Imagen: news.un.org
Referencial

Al cumplirse tres años del inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Asimismo, urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares.

Violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos

Desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha, la CIDH ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciada en abril de ese mismo año. De acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hasta la fecha, la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos; denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, los reportes han determinado que al menos 1614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno. Tanto la labor de monitoreo y seguimiento de la CIDH, como la información pública aportada por ACNUR, indican que más de 100 mil personas habrían migrado desde Nicaragua presumiblemente en protección de su vida, integridad y libertad personal.

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