Procesos de Inconstitucionalidad
Acción de inconstitucionalidad de Auto Acordado
Asociación de funcionarios judiciales recurre al TC y cuestiona auto acordado de la Corte Suprema por afectar carrera funcionaria
Acción busca declarar inconstitucional el Acta 302-2025 por estimar que vulnera derechos fundamentales, la jerarquía normativa y la igualdad ante la ley, afectando a miles de funcionarios del Poder Judicial.
Un requerimiento de inconstitucionalidad fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional en contra del Auto Acordado Acta N°302-2025 de la Corte Suprema que contiene el texto refundido del Auto Acordado que regula personal a contrata en el Poder Judicial; o, en su defecto, sólo del artículo 2°, letras b) y c); y del artículo transitorio del citado Auto Acordado, al estimar la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD) que su aplicación vulnera diversas garantías constitucionales.
La acción se funda en la supuesta afectación de la tutela judicial efectiva, la jerarquía normativa, la igualdad ante la ley y el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, en el contexto de una gestión pendiente consistente en un recurso de protección tramitado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, actualmente en etapa de apelación ante la Corte Suprema.
El requerimiento cuestiona tanto la dictación como la interpretación y ejecución administrativa del auto acordado, así como las instrucciones impartidas por instancias administrativas del Poder Judicial, las que —según se expone— han generado perturbaciones y amenazas a los derechos de los funcionarios judiciales.
En particular, se señala que el Acta 302-2025 introdujo un nuevo régimen que prohíbe la denominada “dualidad” de cargos, es decir, la posibilidad de que un funcionario titular desempeñe simultáneamente funciones a contrata en un grado superior. Asimismo, se habría impedido la realización de suplencias y reemplazos, restringiendo la movilidad interna y el desarrollo de la carrera funcionaria.
De acuerdo con los antecedentes, esta normativa afectaría principalmente a los escalafones secundarios y de empleados, que representan cerca del 85% de la dotación del Poder Judicial, estimada en más de 13 mil funcionarios, generando una diferencia de trato respecto del escalafón primario, que mantendría mayor flexibilidad en estas materias.
El requerimiento sostiene que estas restricciones implican una alteración sustancial de las condiciones laborales de los funcionarios, obligándolos a renunciar a cargos titulares o a limitar sus posibilidades de desarrollo profesional, lo que impactaría directamente en sus expectativas de carrera y en su situación económica.
Asimismo, se argumenta que la normativa cuestionada resulta ineficiente desde el punto de vista fiscal, ya que la prohibición de suplencias internas obligaría a contratar personal externo, generando mayores costos y una menor productividad debido a la curva de aprendizaje, en un contexto de restricciones presupuestarias.
En el plano jurídico, se denuncia una vulneración a la jerarquía normativa, al estimarse que el auto acordado contraviene disposiciones legales, como la Ley de Presupuestos, que permite la compatibilidad de cargos en ciertos casos, así como normas del Código Orgánico de Tribunales relativas a suplencias.
También se alega la afectación de derechos fundamentales, entre ellos la igualdad ante la ley, al establecer diferencias entre estamentos; el derecho de propiedad, al alterar las condiciones económicas y laborales previamente consolidadas; y el derecho de acceso a la función pública, al restringir mecanismos de movilidad y ascenso.
El requerimiento sostiene además que la medida desconoce principios como la confianza legítima y la progresividad de los derechos laborales, al modificar de manera abrupta condiciones que habían sido mantenidas por años, afectando a funcionarios que han desarrollado su carrera bajo ese sistema.
En ese contexto, se solicita al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad total del Acta 302-2025 o, en subsidio, de disposiciones específicas de dicho auto acordado, junto con suspender los efectos de la normativa y del procedimiento judicial en curso mientras se resuelve el fondo del asunto, con el fin de evitar eventuales afectaciones a los derechos de los funcionarios involucrados.
Vea texto requerimientoRol Nº17.452-26-CAA y expediente.
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