Procesos de Inconstitucionalidad
Requerimiento de inconstitucionalidad
Diputados recurren al TC contra norma que endurece penas por drogas y advierten riesgo de criminalizar el consumo
Acción cuestiona disposición que permite sancionar como tráfico la tenencia de pequeñas cantidades, acusando falta de claridad normativa y vulneración de derechos fundamentales, especialmente en casos de uso medicinal de cannabis
Un grupo de diputadas y diputados interpuso un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra del numeral uno del artículo único del proyecto de ley contenido en los boletines refundidos N°15347-07 y 16430-07, que modifica la Ley N°20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, solicitando que se declare contrario a la Constitución por vulnerar diversas garantías fundamentales.
La acción apunta específicamente a la norma que permite aplicar penas propias del tráfico ilícito incluso respecto de pequeñas cantidades de sustancias cuando estas sean consideradas capaces de producir graves efectos tóxicos o daños a la salud.
En el requerimiento se expone que la regulación vigente, contenida en la Ley N°20.000 desde 2005, distingue entre tráfico, microtráfico y consumo personal, estableciendo además causales de justificación para el porte, transporte o cultivo de pequeñas cantidades destinadas al consumo personal exclusivo o a tratamientos médicos. En particular, los artículos 4° y 8° contemplan estas hipótesis, incluyendo el cultivo de cannabis con fines medicinales debidamente acreditados.
Asimismo, se recuerda que la Ley N°21.575 incorporó una justificación expresa para el cultivo de cannabis con fines medicinales, mediante la presentación de receta médica, consolidando un marco normativo que reconoce esta práctica. Sin embargo, los requirentes sostienen que, en la práctica, estas normas no siempre son correctamente aplicadas, lo que ha derivado en persecuciones penales contra personas que se encontrarían amparadas por la legislación vigente.
El requerimiento también aborda el contexto social del consumo de cannabis en Chile, señalando que encuestas muestran niveles relevantes de aceptación del uso personal y medicinal, así como cifras que evidencian un porcentaje significativo de la población consumidora, lo que refuerza la necesidad de una regulación clara y coherente.
En cuanto al contenido del proyecto impugnado, se explica que este introduce un cambio de enfoque en la legislación, desplazando el criterio basado en la cantidad hacia uno centrado en el potencial daño de la sustancia. De este modo, se permite sancionar con penas más severas conductas que involucren pequeñas cantidades si estas son consideradas altamente peligrosas, lo que —según los parlamentarios— podría generar confusión entre consumo, microtráfico y tráfico.
Los requirentes sostienen que esta modificación resulta especialmente problemática en el caso del cannabis, debido a la falta de armonización entre distintos reglamentos —particularmente el Decreto N°867 del Ministerio del Interior y el Decreto N°84 del Ministerio de Salud—, que mantienen clasificaciones divergentes respecto de su peligrosidad, pese a su reconocimiento como sustancia con uso medicinal.
Desde el punto de vista constitucional, el requerimiento afirma que la norma impugnada vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el derecho a la vida privada, la honra y la inviolabilidad del hogar. Ello, debido a que introduce criterios amplios y poco determinados —como la “toxicidad” o el “daño potencial”— que quedarían sujetos a interpretación administrativa o judicial, generando riesgos de arbitrariedad.
En particular, se advierte que la equiparación de penas entre conductas de distinta gravedad podría afectar el principio de proporcionalidad, al sancionar de igual forma el consumo personal y el tráfico ilícito. Asimismo, se señala que la falta de precisión normativa podría permitir tratamientos desiguales entre personas en situaciones similares, afectando la igualdad ante la ley.
El requerimiento también plantea que el endurecimiento de las sanciones podría incidir en la esfera privada de las personas, especialmente en casos de autocultivo o consumo personal, generando una expansión del control estatal sobre conductas que no necesariamente afectan a terceros. Además, advierte que la ampliación de hipótesis de persecución penal podría derivar en allanamientos, detenciones y procesos que afecten la honra y la inviolabilidad del hogar de los usuarios.
Finalmente, los parlamentarios solicitan al Tribunal Constitucional que admita a tramitación el requerimiento y, en definitiva, declare la inconstitucionalidad del precepto impugnado, argumentando que la norma requiere ajustes que aseguren claridad en la tipificación de conductas, respeto al principio de proporcionalidad y una adecuada protección de los derechos fundamentales involucrados.
Vea texto requerimiento de inconstitucionalidad Rol N°17522-26 y expediente.
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