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Recursos hídricos

Proyecto de ley propone extender hasta 2030 plazo para regularizar e inscribir derechos de aprovechamiento de aguas

La iniciativa busca evitar la caducidad de derechos por retrasos administrativos, considerando las dificultades operativas del sistema y su impacto en pequeños agricultores y usuarios rurales.

Por Elke von Loebenstein·14 de abril de 2026·2 min de lectura
Imagen: losrios.mop.gob.cl
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El diputado Guillermo Valdés presentó un proyecto de ley que propone prorrogar hasta el 6 de abril de 2030 el plazo para la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas, en el marco de la reforma introducida por la Ley N° 21.435 al Código de Aguas.

La iniciativa se fundamenta en que dicha reforma, de 6 de abril de 2022, estableció plazos perentorios para dos procesos clave: la regularización de usos consuetudinarios e históricos y la inscripción de derechos ya constituidos en los Conservadores de Bienes Raíces, junto con su incorporación al Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas (DGA), atendido que el incumplimiento de estos trámites conlleva la caducidad del derecho, una sanción considerada de máxima gravedad.

Refiere el autor de la moción que el Congreso Nacional ya ha debido intervenir en dos ocasiones debido a las dificultades operativas, la asimetría de información y las brechas burocráticas que afectan especialmente a la pequeña agricultura y a los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). En este contexto, la Ley N° 21.586 de 2023 y la Ley N° 21.727 de febrero de 2025 prorrogaron el plazo de inscripción hasta el 6 de abril de 2027. En paralelo, el plazo para la regularización de usos históricos también expira en abril de ese mismo año, aunque su extensión corresponde a una atribución exclusiva del Presidente de la República.

Pese a estas medidas, advierte el parlamentario que, durante 2026, el aparato estatal —tanto la Dirección General de Aguas como el sistema registral de los Conservadores— aún no cuenta con la capacidad suficiente para procesar la totalidad de los trámites pendientes. Esta situación ha sido documentada por la prensa especializada, que ha reportado cuellos de botella en la tramitación ambiental e hídrica.

En este escenario, la iniciativa sostiene que someter a miles de titulares, especialmente del mundo rural, a la pérdida de sus derechos por ineficiencias administrativas contraviene el principio de certeza jurídica que debe resguardar el legislador.

Por ello, se propone una extensión “definitiva y prudente” del plazo registral hasta el 6 de abril de 2030, otorgando un horizonte de ocho años desde la publicación de la reforma original, con el fin de asegurar la adecuada estabilización del régimen de aguas en el país.

En términos normativos, el proyecto modifica la Ley N° 21.435, reemplazando en su artículo segundo transitorio la fecha límite actualmente vigente —6 de abril de 2027— por la nueva fecha propuesta de 6 de abril de 2030.

De este modo, la iniciativa busca otorgar mayor certeza a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, evitando su caducidad por causas atribuibles a limitaciones del sistema administrativo y facilitando el cumplimiento de las exigencias legales establecidas tras la reforma al Código de Aguas.

Vea texto moción Boletín N°18.157-33 y siga su tramitación aquí.

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