Nueva ley protege a recolectores de residuos domiciliarios en Chile

El cuerpo legal, recientemente publicado en el Diario Oficial (30 octubre 2025), fija las condiciones sanitarias y ambientales en que deben desarrollarse las labores de recolección de residuos sólidos domiciliarios, con el objetivo de prevenir riesgos laborales y proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras que cumplen estas funciones. En todo lo no regulado por esta normativa se aplicarán las disposiciones de la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y otras normas complementarias. Un reglamento conjunto de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Salud establecerá las condiciones específicas de seguridad, higiene y cumplimiento ambiental.

Se define la labor de recolección de residuos domiciliarios como aquella desempeñada por barredoras, barredores, conductoras, conductores y peonetas en camiones recolectores, en el marco de las funciones municipales y regionales dispuestas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Se considera residuo domiciliario el generado en viviendas, oficinas, establecimientos educacionales, locales comerciales, restaurantes y similares, sin importar la calidad contractual de quienes ejecuten estas labores.

En caso de que la recolección se realice mediante subcontratación conforme a la Ley N° 19.886, las municipalidades o gobiernos regionales deberán garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y priorizar las ofertas que contemplen mejores condiciones laborales. Las empresas adjudicatarias deberán, dentro de tres meses desde el inicio del contrato, solicitar la calificación de trabajos pesados para sus trabajadores, salvo que ya exista una calificación vigente.

La normativa regula además las condiciones sanitarias y ambientales en el trabajo, permitiendo que municipios o gobiernos regionales celebren convenios con otras entidades públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos de subcontratación, dichas entidades deberán verificar el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de la empresa recolectora, informando eventuales infracciones, que deberán ser corregidas en un plazo máximo de tres días hábiles. Si persisten, el municipio podrá ejecutar la corrección con cargo a la retribución de la empresa infractora y aplicar sanciones adicionales.

La ley también dispone que, si la Dirección del Trabajo sanciona con multa grave o gravísima a la entidad contratante, el municipio o gobierno regional deberá descontar de la garantía establecida en la Ley N° 19.886 los montos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones incumplidas. Esta regulación no limita la fiscalización de otros organismos públicos competentes.

Entre los derechos laborales, se reconoce a las recolectoras y recolectores el acceso permanente a agua potable en condiciones seguras y a servicios higiénicos gratuitos, adecuados y disponibles en puntos de sus rutas. Asimismo, deberán contar con espacios limpios y habilitados para alimentarse, ducharse y cambiarse de vestimenta, cumpliendo los estándares del decreto supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud.