Corte Suprema respalda a Codelco en millonaria disputa tributaria con el SII

EL SII interpuso recurso de casación en el fondo, alegando que los tribunales de instancia infringieron los artículos 31 y 33 N°1 letra g) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el artículo 21 del Código Tributario, el artículo 2° del Decreto Ley N° 2.398 de 1978 y el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.544. Sostuvo que los jueces erraron al considerar procedentes como gastos necesarios para producir la renta los pagos efectuados a diversos brokers internacionales, pese a que no se acreditó la necesidad de incurrir en ellos ni su razonabilidad en la cuantía, pues fueron realizados por sobre los precios de mercado del cobre según la Bolsa de Metales de Londres. Añadió que la carga de la prueba recaía en la contribuyente y no en el Servicio de Impuestos Internos, y que los sentenciadores aplicaron indebidamente la Ley de Derivados N° 20.544 a contratos celebrados antes de su vigencia, lo que configuraba un error de derecho que influyó sustancialmente en lo resuelto.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo. Tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho, el tribunal advirtió que las infracciones alegadas por el SII “(…) no encuentran asidero en los hechos que se tuvieron por acreditados ni en los antecedentes que se tuvieron a la vista para fallar el reclamo”. Destacó que los actos administrativos impugnados sólo cuestionaron “(…) la necesidad del gasto y más específicamente, la cuantía”, y que se encontraba reconocido que la suscripción de los contratos de futuros había sido obligatoria, efectiva y pagada. Agregó que los contratos tuvieron por objeto “(…) dar cobertura a una parte de la producción de cobre de la División El Salvador y del Proyecto Gaby, fijando los precios de venta por un período de tiempo determinado, de acuerdo con los valores de mercado vigentes a la fecha de su suscripción”, objetivo legítimo dentro del giro de la empresa.

El fallo enfatizó que la necesidad del gasto no depende del resultado económico posterior, sino de su relación razonable con la actividad empresarial. En este sentido, sostuvo que, “(…) la necesidad de un gasto tiene que ver con la existencia de un potencial para generar rentas relacionadas con el giro o actividad del contribuyente”, precisando que, “(…) si la libertad económica garantiza el desarrollo y creación de actividades económicas como mejor parezca a las personas, el Servicio no puede limitarla a través de juicios económicos respecto de las decisiones comerciales de las empresas. Lo contrario implicaría estar expuestos a la opinión del Servicio de Impuestos Internos respecto de la idoneidad de las decisiones comerciales”. Por ello, concluyó que el rol del ente fiscalizador “(…) debe sólo velar por el cumplimiento de las leyes tributarias”, sin evaluar la conveniencia de las decisiones de gestión adoptadas por las empresas.

En cuanto al reproche relativo a la Ley de Derivados N° 20.544, el máximo Tribunal señaló que, “(…) si bien se puede apreciar que efectivamente la vigencia de esa norma es posterior a la de los contratos objetados, al analizar el fallo de segunda instancia se observa que aun prescindiendo del análisis de la norma referida, igualmente en criterio de los jueces de la instancia, era el SII el que debía acreditar la efectividad de los asertos contenidos en la liquidación”. Añadió que, en todo caso, “(…) si se estimara que el contribuyente tenía la carga de prueba en este caso y no el Servicio, lo cierto es que Codelco sí acreditó con prueba idónea y suficiente la necesariedad de los gastos”. Finalmente, al constatar que los jueces de instancia efectuaron “una correcta aplicación de la normativa atinente al caso en estudio” y que no se configuraron los errores de derecho denunciados, se ha concluido que su arbitrio será desestimado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación con la prevención del abogado integrante Raúl Fuentes, quien, además de concurrir al acuerdo por los fundamentos de la sentencia, estimó que el recurso debía igualmente desestimarse porque la recurrente no acreditó la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, por lo que las conclusiones de los jueces del fondo debían considerarse hechos inamovibles. Añadió que entre tales hechos se encontraba acreditado que Cochilco y Mideplan solicitaron a Codelco la suscripción de contratos de futuro de venta de cobre, con el objeto de cubrir riesgos de variación de precios a largo plazo, que los contratos fueron celebrados con brokers internacionales e independientes y que no existía controversia sobre su efectividad ni cuantía. Por ello, señaló que los reproches del SII buscaban alterar el sustrato fáctico ya establecido sin demostrar vulneración a las reglas de la sana crítica, razón por la cual el recurso debía rechazarse igualmente.

Acordado con el voto en contra de la ministra Adelita Ravanales, quien fue del parecer de acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el SII, al estimar que los tribunales de instancia incurrieron en error de derecho al dar por acreditada la necesidad de los gastos reclamados sin que existieran antecedentes que lo demostraran. La disidente sostuvo que, conforme al artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y al artículo 21 del Código Tributario, correspondía al contribuyente acreditar la necesidad y razonabilidad de los desembolsos, y que el SII estaba facultado para revisar su cuantía. Agregó que los contratos de futuro se celebraron a precios significativamente inferiores a los del mercado y que no se justificó la conveniencia de tales operaciones, por lo que los gastos no podían considerarse necesarios en toda su extensión. A su juicio, de haberse aplicado correctamente la normativa, el fallo debió revocarse y rechazarse el reclamo de Codelco.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº31795-2019 y de Corte de Santiago Rol Nº108-2018 (Tributario – Aduanero).