Corte Suprema fija criterios sobre procedencia de la gestión preparatoria de confesión de deuda tras reforma procesal

En esa línea, el máximo Tribunal explicó que la confesión judicial de deuda y el reconocimiento de firma en instrumento privado constituyen diligencias preparatorias excepcionales, previstas expresamente por el legislador para aquellos casos en que el acreedor carece de un título ejecutivo perfecto. Añadió que dicha gestión resulta procedente tanto cuando no existe documento alguno que dé cuenta del reconocimiento de la obligación, como cuando se cuenta con un instrumento privado que, por sí solo, no reviste mérito ejecutivo, pues en ambos supuestos la finalidad del procedimiento es dotar de eficacia ejecutiva a una obligación preexistente y no crearla o establecerla judicialmente.

La Corte Suprema tuvo especialmente en consideración la reforma introducida por la Ley N° 21.394 al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, destacando que el precepto actualmente exige, como requisitos copulativos, que la obligación consista en una suma de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, que se encuentre vencida, sea actualmente exigible, conste en un antecedente escrito y que la acción no esté prescrita. Subrayó que el tenor literal de la norma no distingue según el origen de la obligación ni supedita la procedencia de la gestión a la inexistencia de controversias contractuales, limitando la facultad del juez a negar curso únicamente a la falta de concurrencia de tales exigencias objetivas.

Finalmente, el máximo Tribunal razonó que los jueces del fondo se apartaron del marco normativo aplicable al exigir, en la etapa de preparación de la vía ejecutiva, un pronunciamiento propio de un juicio declarativo de lato conocimiento, excediendo las atribuciones que les corresponden en este tipo de diligencias. Indicó que el control relativo a la existencia, vigencia, liquidez o exigibilidad de la obligación debe efectuarse en fases posteriores del procedimiento ejecutivo, ya sea al momento de examinar el título o a través de las excepciones que el deudor puede oponer, pero que tales materias no pueden ser utilizadas para impedir, desde su inicio, la tramitación de una gestión preparatoria legalmente procedente.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema razonó que, atendidos los fundamentos desarrollados en los considerandos del fallo de casación —en particular aquellos referidos a la procedencia de la gestión preparatoria conforme al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil—, la resolución impugnada había incurrido en un error de derecho al impedir su tramitación. En consecuencia, revocó la resolución dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago y ordenó continuar con la sustanciación normal del procedimiento, disponiendo que el tribunal de primera instancia dicte la resolución que corresponda conforme al citado artículo 435, por juez no inhabilitado, restableciendo así el curso legal de la gestión preparatoria intentada.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº4366-2025, de reemplazo, Corte de Santiago Rol Nº1610-2022 y del 20° Juzgado de Letras Civil de Santiago Rol N°C-490-2022.