Corte Suprema confirma que incumplimiento contractual impide dotar de mérito ejecutivo a facturas derivadas de licitación pública

Apelado este fallo por la parte ejecutante, la Corte de Punta Arenas lo confirmó.

La misma parte ejecutante interpuso un recurso de casación en el fondo alegando que la sentencia impugnada infringió el artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N°19.983. Sostuvo que las facturas N°89, 92 y 93 habían sido válidamente cedidas a Simpli y se encontraban irrevocablemente aceptadas por el deudor al no haberse reclamado dentro del plazo legal. Afirmó que la cesión temprana no afectaba el mérito ejecutivo del título, sino que solo representaba un riesgo para el cesionario, y que la sentencia desconoció la presunción legal de aceptación prevista en el artículo 4° letra b) de la citada ley, invirtiendo indebidamente la carga de la prueba al exigir acreditar la entrega de los bienes.

La Corte Suprema, tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho, comenzó por ordenar el marco jurídico aplicable, destacando que la Ley N°19.983 establece tres etapas sucesivas en que el deudor puede oponerse a una factura: primero, mediante el reclamo administrativo dentro de los ocho días siguientes a su recepción; luego, a través de la impugnación judicial en la gestión preparatoria destinada a dotar de mérito ejecutivo al documento; y finalmente, durante el propio juicio ejecutivo, donde puede ejercer las excepciones que la ley le reconoce para cuestionar la exigibilidad del título. De esta manera, reafirmó que el sistema legal permite al deudor desplegar sus medios de defensa en distintos momentos del procedimiento.

Enseguida, el máximo Tribunal reafirmó que “(…) la Ley N°19.983 otorga al deudor distintas alternativas para oponerse o reclamar de ella, y ninguna de estas cierra el paso a las demás”, recordando además su jurisprudencia constante en cuanto a que el juicio ejecutivo “(…) consagra una mayor protección y amparo al debido proceso en relación al resto de las etapas”. Por ello, concluyó que, “(…) no constituye un impedimento para que en esta sede, esto es, en el juicio ejecutivo, la ejecutada oponga las excepciones correspondientes”.

A continuación, el fallo abordó la oponibilidad de las defensas al cesionario, precisando que el artículo 3° de la Ley N°19.983 sólo hace inoponibles “las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes”. Sin embargo, destacó que “la factura es un título causado” y que, por tanto, “(…) la excepción de falta de requisitos del título, bajo los supuestos en que ha sido opuesta, no puede ser calificada como de carácter personal, sino que, por el contrario, constituye una excepción real, de aquellas referidas a la obligación misma, con prescindencia de las personas que la han contratado, razón por la cual sí son oponibles a la ejecutante en su condición de cesionario de las facturas cuyo cobro se pretende”.

Finalmente, la Corte Suprema consideró que los sentenciadores “(…) han aplicado correctamente la normativa al fallar el conflicto”, dado que se acreditó una licitación pública incumplida por el proveedor, por lo que las facturas “no son actualmente exigibles y, en consecuencia, carecen de mérito ejecutivo”. Rechazó, además, la alegación sobre inversión de la carga de la prueba, pues “(…) no se ha cumplido el requisito que prevé el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, lo que trae como consecuencia necesaria que el recurrente no analizó como infringidas todas las normas que tienen el carácter de decisoria litis, y, al no hacerlo, el arbitrio adolece de un vacío que esta Corte no puede subsanar dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso intentado”, concluyendo que, “(…) los jueces han aplicado de manera correcta las normas legales atinentes al caso”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº29854-2024, Corte de Punta Arenas Rol Nº224-2024 y del 2º Juzgado de Letras Civil de Punta Arenas Rol C-1994-2023.