Corte Suprema anula fallo por deficiente valoración de peritaje en disputa de predio, destacando la fe pública registral y la sana crítica

En su análisis, la Corte Suprema subrayó que la infracción alegada recaía en la valoración de la prueba pericial, la cual debía ser apreciada conforme a la sana crítica. Al respecto sostuvo que “(…) la infracción de las normas que ordenan apreciar determinadas pruebas bajo las reglas de la sana crítica, puede constituir una vulneración que conduzca a la invalidación de un fallo en el fondo. Tal situación ocurre cuando el juez no se ciñe en su razonamiento a la recta manera de pensar, transgrediendo los principios y postulados de la lógica, o bien contrariando las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado”. Y agregó que, “(…) cuando las leyes prescriben que los tribunales apreciarán conforme a la sana crítica la fuerza probatoria de ciertos medios de convicción —como ocurre, entre otros, con el dictamen de peritos, en el caso del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil— tales leyes no fijan un valor tasado a cada medio en particular, como acontece con otras probanzas, sino que consagran la potestad del tribunal para apreciarla sin estar vinculado por una estricta medida de valoración”.

La Corte Suprema destacó que en el caso concreto se denunció vulneración del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, enfatizando que “(…) probanza que, en este litigio, resulta determinante para hacer lugar a la acción intentada o bien para rechazarla, razón por la cual, si se constata la conculcación de la disposición recién mencionada, el contenido de la decisión del fallo impugnado deberá ser corregido por este tribunal”. En esa línea, precisó que “(…) del análisis del informe pericial y del plano agregado en autos se aprecia claramente que los demandados sí ocupan el inmueble de propiedad de la Fundación Niño y Patria y que una construcción ocupa una porción de playa, por lo que afirmar como lo hacen los jueces del grado que el bien cuya reivindicación se pretende no está en posesión material de los demandados, es un hecho que contraría la lógica y la verdad asentada en forma prístina por el perito designado en este pleito en base al método de interpolación de la cartografía predial”.

En síntesis, el máximo Tribunal concluyó que los jueces de fondo aplicaron de manera errónea las reglas de la sana crítica al desconocer lo asentado en el peritaje, lo que llevó a una equivocada desestimación de la acción reivindicatoria. A su juicio, la prueba rendida acreditaba la ocupación del inmueble, por lo que resultaba procedente reconocer la infracción tanto al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil como al artículo 889 del Código Civil, configurándose así un error de derecho sustancial que ameritaba corregir la decisión.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema revocó el fallo de primera instancia y acogió la demanda de reivindicación, declarando acreditado que la Fundación era dueña del inmueble y que los demandados ocupaban materialmente parte de él. En consecuencia, ordenó la restitución del retazo de terreno identificado en el informe pericial, dentro del plazo de quince días desde que el fallo quede ejecutoriado, sin condena en costas.

El fallo fue acordado con el voto en contra de la Ministra Repetto quien sostuvo que no se configuraban los presupuestos exigidos para acoger la acción reivindicatoria. A su juicio, el punto central estaba en la singularización del terreno reclamado, pues la demanda no habría precisado de manera suficiente el retazo de predio cuya restitución se pedía, lo que impedía dar por acreditado el requisito de la cosa singular sobre la que recae esta acción.

En esa línea, estimó que la prueba documental y pericial no permitía identificar con claridad cuál era la porción exacta del inmueble supuestamente ocupada por los demandados. De este modo, la ministra concluyó que correspondía confirmar la decisión que rechazó la demanda, ya que el defecto en la individualización del bien hacía improcedente la acción de dominio ejercida.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº19697-2024, de reemplazo, Corte de Puerto Montt Rol Nº440-2023 y del Primer Juzgado de Letras Civil de Puerto Montt Rol C-5359-2018.