Corte respalda entrega de correos de asesores presidenciales sobre reemplazo del exsubsecretario Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Fisco de Chile – Presidencia de la República en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó entregar copia de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos entre el 14 y el 18 de octubre de 2024, por asesores presidenciales, relacionados con las gestiones de reemplazo del ex subsecretario Manuel Monsalve.

La solicitud de acceso a la información fue presentada por el diputado Tomás Lagomarsino, quien requirió copias de los correos institucionales de los asesores presidenciales Carlos Durán y Miguel Crispi, vinculados a las gestiones de reemplazo del ex subsecretario. La Presidencia inicialmente respondió que tales comunicaciones eran inexistentes, y además argumentó que, en caso de existir, su entrega vulneraría derechos constitucionales. El CPLT acogió la solicitud y ordenó entregar los correos electrónicos solicitados, aplicando el principio de divisibilidad para tachar datos personales y sensibles, y reservando información relativa a materias de inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público.

La Presidencia alegó que la decisión es ilegal por diversas razones. Señaló que la información solicitada vulnera las garantías constitucionales de protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, consagradas en los artículos 19 N°4 y N°5 de la Constitución, y que los correos no se vinculan a un procedimiento administrativo ni forman parte de los actos públicos cuya publicidad exige la Carta Fundamental.

El CPLT solicitó el rechazo del reclamo, señalando que los correos electrónicos institucionales constituyen información pública conforme al artículo 8° de la Constitución y los artículos 5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia. Argumentó que la Presidencia no tenía legitimación activa para alegar la reserva de la información en nombre de terceros y que no se acreditó afectación a los derechos de vida privada ni a la inviolabilidad de las comunicaciones, dado que los correos se relacionaban con el ejercicio de funciones públicas de sus titulares. El CPLT también refirió que los antecedentes solicitados permiten el control social sobre la función pública y que la resolución cumple con las exigencias de fundamentación, estableciendo claramente el alcance de la información entregable y las excepciones aplicables.

La Corte de Santiago acogió los argumentos del CPLT y rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco de Chile – Presidencia de la República. La Corte sostuvo que los correos electrónicos solicitados forman parte del ejercicio de funciones públicas y se encuentran en poder de un órgano del Estado, por lo que tienen carácter público conforme al artículo 8° de la Constitución y los artículos 5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia.