Corte de Santiago declara reservadas las actas del Comité Anti-Elusión por estar amparadas por secreto tributario

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), dejando sin efecto la decisión que había ordenado entregar actas, minutas y correos electrónicos del Comité Anti-Elusión relacionados con el inicio de un procedimiento por elusión tributaria respecto de una empresa determinada, en el marco de una solicitud de acceso a la información pública.

El reclamante sostuvo que la Decisión de Amparo Rol C3950-24, dictada por el CPLT, vulneraba las causales de reserva previstas en el artículo 21 N°2, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el secreto tributario consagrado en los artículos 35 y 8 bis N°9 del Código Tributario. A juicio del Servicio, la divulgación de las actas del Comité Anti-Elusión y de las comunicaciones internas afectaba los derechos comerciales y económicos de terceros contribuyentes, comprometía la eficacia de las labores de fiscalización y ponía en riesgo los intereses económicos del país, al exponer estrategias y antecedentes propios de procesos tributarios en curso.

Por su parte, el CPLT defendió la legalidad de su resolución, argumentando que la información solicitada constituía el fundamento de un acto administrativo del SII y, por tanto, tenía carácter público conforme al artículo 8° de la Constitución y a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Añadió que las causales de reserva debían interpretarse restrictivamente y que la afectación alegada no había sido acreditada, destacando que había ordenado aplicar el principio de divisibilidad mediante el tarjado de los datos personales y de los antecedentes relativos a contribuyentes distintos del solicitante.

Al analizar el fondo del asunto, la Corte recordó que el principio general es la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, pero que dicha regla admite excepciones cuando una ley de quórum calificado establece expresamente el secreto o reserva de determinada información. En ese marco, examinó las causales invocadas y descartó la configuración de las previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, al estimar que el tarjado ordenado por el CPLT era suficiente para resguardar los derechos de terceros y que no se acreditó una afectación concreta a los intereses económicos del país.