Imputado recurre al TC y cuestiona constitucionalidad del delito de porte de arma de fogueo “susceptible de adaptarse”

Ante el Tribunal Constitucional fue deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el marco de una causa penal seguida ante el Juzgado de Garantía de Calbuco, respecto del artículo 2 letra b) de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en la parte que califica como delito la tenencia o porte de armas “o que puedan adaptarse o transformarse para disparar municiones o cartuchos, aprovechando la fuerza de la expansión de los gases de la pólvora”.

La acción fue interpuesta por el imputado en una investigación formalizada el 28 de febrero de 2025 por el Ministerio Público de Calbuco, que indaga hechos ocurridos ese mismo día, alrededor de las 05:30 horas, consistentes en un presunto delito de manejo en estado de ebriedad con licencia suspendida, previsto en la Ley de Tránsito, y un delito de porte de arma de fogueo, sancionado en el artículo 2 letra b) de la Ley N° 17.798, en relación con su artículo 9 inciso primero. En la causa, el imputado se mantiene sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde la audiencia de formalización, encontrándose privado de libertad.

El procedimiento penal se encuentra con el plazo de investigación cerrado y con audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 23 de febrero de 2026. El Ministerio Público ya dedujo acusación y, de ser condenado, el imputado arriesga una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de tenencia ilegal de arma de fogueo de fácil adaptabilidad. Entre las especies incautadas figura un arma de fogueo marca Blow, modelo TR 14002, calibre 9 milímetros K, con su respectivo cargador.

El requerimiento sostiene que, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.412 en enero de 2022, el legislador elevó a la categoría de delito la tenencia o porte de armas susceptibles de ser modificadas para disparar, complementando dicha regulación con resoluciones exentas de la Dirección General de Movilización Nacional que califican determinadas marcas de armas de fogueo como de “fácil adaptabilidad”. A juicio del requirente, esta normativa vulnera garantías constitucionales básicas, particularmente la igualdad ante la ley y el debido proceso, al no describir con precisión la conducta sancionada penalmente.