Contraloría aclara alcance de prohibiciones para abogados que litigaron en causas de la Ley 20.000

La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E205965N25, de 2 de diciembre de 2025, se pronunció sobre una consulta formulada por la Academia Judicial relativa a la existencia de impedimentos para que determinadas personas puedan desempeñarse como funcionarios públicos, específicamente en el contexto del acceso al Escalafón Primario del Poder Judicial.

La inquietud planteada decía relación con eventuales restricciones aplicables a quienes, en el pasado, hubiesen ejercido como abogados patrocinantes en causas vinculadas a la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

En el inicio de su análisis, la Contraloría recordó el marco jurídico que regula a la Academia Judicial, señalando que se trata de una corporación de derecho público creada por la ley N° 19.346 y destinada a la formación y perfeccionamiento de los postulantes y miembros del Poder Judicial.

A partir de dictámenes emitidos con anterioridad, entre ellos los dictámenes N° 395, de 1996, y N° 10.626, de 2006, el órgano contralor reiteró que dicha entidad no integra la Administración del Estado y, por tanto, no se encuentra sometida a la fiscalización prevista en el artículo 98 de la Constitución Política ni en el artículo 16 de la ley N° 10.336. No obstante, atendida la naturaleza de la consulta, el dictamen entregó orientaciones de carácter informativo sobre el alcance de las normas aplicables.

En relación con el régimen de prohibiciones previsto en la ley N° 20.000, la Contraloría recordó que su artículo 61 establece que los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en servicios de la Administración del Estado o en organismos descentralizados, salvo las excepciones expresamente previstas, no pueden patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley.