Tribunal Constitucional declara derechamente inadmisible requerimiento de inaplicabilidad asociación de canalistas en disputa por aguas del río Laja

Contra esta sentencia, la interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema

La inadmisibilidad se funda en que, al desarrollar la solicitud de inaplicabilidad, la requirente argumentó que la aplicación conjunta de los preceptos impugnados vulnera las garantías contenidas en los artículos 19 N°3 incisos quinto y sexto, 19 N°24 y 19 N°26 de la Constitución. Indica que su aplicación permite que en un procedimiento de reclamo de legalidad se prive a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de su legítimo ejercicio, sin que participe el juez natural llamado a resolver sobre la existencia del derecho de propiedad afectado, sin emplazamiento de los titulares de dichos derechos, y sin un procedimiento que considere término probatorio y demás garantías procesales mínimas.

Agrega la Sala del Tribunal Constitucional que, la impugnación deducida por la requirente se dirige, en esencia, a controvertir la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ejercicio de sus competencias para conocer y resolver el reclamo de legalidad interpuesto por COLBÚN S.A. contra la resolución administrativa de la DGA. Con ello, la parte requirente discrepa de los criterios interpretativos y de la valoración efectuada por el tribunal de alzada. Busca, en el fondo, que la Magistratura revise y modifique ese parecer mediante la declaración de inaplicabilidad de los preceptos legales que sirvieron de fundamento a la competencia del tribunal.

Ello, sin embargo, no es posible, ya que la acción de inaplicabilidad no constituye una instancia de revisión de la aplicación que los tribunales efectúan de la ley, ni puede utilizarse para cuestionar criterios interpretativos, de valoración probatoria o de subsunción jurídica adoptados por los jueces del fondo en ejercicio de sus competencias. La naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad la Constitución la configura como un instrumento de control concreto de constitucionalidad que tiene por objeto inaplicar un precepto legal cuando su aplicación en una gestión específica resulte contraria a la Constitución, pero no puede emplearse para corregir errores interpretativos o de aplicación de la ley que sean propios del ámbito de la legalidad.

Agrega que, en el caso concreto, la controversia se origina ya no en la aplicación de los preceptos impugnados, sino en la discrepancia de la requirente con lo resuelto por la Corte de Santiago al resolver el reclamo de legalidad. La pretensión se dirige a obtener que esta Magistratura declare la inaplicabilidad de las normas que otorgan competencia al tribunal de alzada y regulan el procedimiento de reclamo, con el objeto de evitar los efectos de una sentencia. Tal pretensión excede la naturaleza y finalidad de la acción de inaplicabilidad.

Además, la impugnación integral de las normas que configuran un determinado procedimiento busca que la Magistratura reformule el marco normativo aplicable, lo que constituye una reestructuración abstracta de un objeto de regulación que excede la naturaleza normativa de la inaplicabilidad y constituye una prerrogativa del legislador. Como se ha resuelto (Roles N° 14.009, N° 14.237 y N° 16.575), la acción de inaplicabilidad está configurada como un instrumento de eliminación o supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de reformulación de la normativa aplicable.

Con el rechazo de este recurso, la atención queda puesta en la Tercera Sala de la Corte Suprema, sede en que se deberán resolver los recursos de casación interpuestos tanto por la Dirección General de Aguas como por la propia Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

Vea texto del requerimiento, resolución de inadmisibilidady expediente Rol Nº 16.895-25.