Corte de Iquique ordena reclusión domiciliaria total para condenado con enfermedad terminal

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de amparo en contra del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio por no sustituir la pena de prisión por la de reclusión domiciliaria total respecto de un condenado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

El recurrente alegó que la resolución que rechazó la solicitud de conmutación de la pena privativa de libertad por reclusión domiciliaria total, vulneró la libertad personal y seguridad individual del amparado, quien se encuentra grave y con un progresivo deterioro de salud, pues padece múltiples enfermedades crónicas —entre ellas hipertensión, diabetes, dislipidemia, hernia hiatal y un cáncer renal con metástasis pulmonares en etapa terminal— lo que le ha ocasionado una pérdida de peso superior a sesenta kilos, caquexia y falta de acceso oportuno a tratamientos médicos, situación que constituye un trato inhumano y degradante, agravado por la distancia geográfica con su núcleo familiar, radicado en Alto Hospicio.

Aduce que el tribunal no ponderó adecuadamente los antecedentes médicos presentados ni consideró los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad.

El recurrido informó que, el amparado fue condenado mediante sentencia firme a la pena de cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, y que la solicitud de interrupción y cambio de modalidad de cumplimiento de dicha pena fue rechazada por estimarse que no existe norma legal que faculte al tribunal para sustituir una pena privativa de libertad impuesta por fallo ejecutoriado por reclusión domiciliaria total, excediendo ello las atribuciones conferidas por el artículo 95 del Código Procesal Penal.

La Corte de Iquique acogió el recurso de amparo. El fallo refiere que, “(…) si bien en la legislación nacional no contempla precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión en un lugar distinto a un centro penitenciario, el mandato del inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental dispone que es deber de los órganos del Estado respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que emana en general el cuidado de la salud física y mental de las personas privadas de libertad y de su dignidad.”