Tribunal Supremo español confirma condena a arbitro por desobedecer orden judicial en arbitraje internacional

Según el Tribunal Supremo, el recurrente decidió no acatar la resolución y el mandato de cese por considerar que suponían una intromisión en el arbitraje que no compartía, y “con una política de hechos consumados, optó por imponer su consideración jurídica al mandato claro y terminante del Tribunal”.

Respecto a la actuación del Letrado de la Administración de Justicia, el Tribunal Supremo señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial le atribuye la función de velar por el cumplimiento de las decisiones de jueces y tribunales en el ámbito de sus competencias. Por ello, entiende que en este caso actuó correctamente al comunicar al acusado que su nombramiento había sido anulado y requerirle que se abstuviera de continuar con su actividad arbitral.

Los herederos que litigaron contra Malasia reclamaban el pago que el sultán de Joló en 1878, Muhammad Jamal al Alam, acordó a cambio de ceder a perpetuidad la explotación de sus territorios en el norte de Borneo, el actual estado de Sabah (Malasia).

Malasia abonó este pago desde su independencia, en 1963, hasta 2013, cuando unos militantes reclamaron los territorios y se enfrentaron con las fuerzas armadas malayas.

Stampa dio la razón a los litigantes y en 2022 dictó un laudo que ordenó a Malasia pagar 14.920 millones de dólares (unos 13.500 millones de euros) a estos supuestos herederos, pese a que la Justicia española le había ordenado un año antes dejar el arbitraje en el que fue destituido.

Hasta que dejó de hacerlo en 2013, Malasia pagó a los herederos del sultanato unas rentas anuales de 5.300 ringgit (unos 1.200 dólares o 1.100 euros), mientras que el laudo fijó un pago hasta 2044 de un total de 14.920 millones de dólares, que suponían en 2022 un 4,17 por ciento del producto interior bruto de Malasia.

En todo momento, Malasia ha calificado de nulo este procedimiento y el país ha conseguido varias sentencias y decisiones judiciales contra Stampa y el laudo tanto en España como en Francia.

Los herederos del sultán intentaron primero un proceso de arbitraje en Reino Unido, sin recibir respuesta, y en 2017 iniciaron los trámites en España, donde Stampa fue nombrado árbitro en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dos años después le destituyó.

Este litigio hunde sus raíces en la época colonial, en el siglo XIX, cuando Filipinas era parte del menguante Imperio español, que solo tuvo control limitado sobre el sultanato de Joló, contra el que envió varias expediciones de castigo para combatir la piratería y la intromisión de las potencias europeas.

Fue en ese contexto cuando el sultán de Joló firmó en 1878 un acuerdo de cesión por perpetuidad de la explotación de sus territorios, en favor del barón de Overbeck y Alfred Dent, que después abonó la empresa British North Borneo y desde su independencia, Malasia.

El último sultán de Joló reconocido murió en 1936.