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Vía dictamen
Poder Judicial de Países Bajos crítica proyecto de ley que sanciona uso de máscaras y prendas faciales en protestas
Sostiene que la propuesta normativa carece de una justificación adecuada sobre su necesidad y proporcionalidad frente a los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según el dictamen, la legislación vigente ya entrega herramientas suficientes a las autoridades, por lo que una nueva sanción penal podría generar un efecto disuasorio en la participación ciudadana y complejizar la labor policial en contextos de movilización pacífica.

El Consejo Judicial de Países Bajos emitió un dictamen legislativo en el que analiza el proyecto de ley que busca sancionar penalmente el uso de elementos que cubran el rostro durante manifestaciones públicas. El informe técnico concluye que el proyecto, en su redacción actual, contraviene el derecho fundamental de reunión y manifestación, por lo que recomienda al Ministerio de Justicia y Seguridad abstenerse de presentarlo ante el parlamento o realizar una revisión integral de su contenido.
Sostiene que el memorándum explicativo de la norma no fundamenta de manera suficiente la proporcionalidad ni la subsidiariedad de la criminalización. El análisis advierte que los objetivos perseguidos por el Ejecutivo, tales como la seguridad y la facilitación de investigaciones, no se ajustan estrictamente a los intereses protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el dictamen indica que el marco legal existente y las atribuciones vigentes de los alcaldes ya permiten gestionar los riesgos asociados a la seguridad pública sin necesidad de nuevas restricciones.
Otro de los puntos centrales del informe refiere a la amplitud de la medida y su potencial efecto inhibitorio. El Consejo señala que la imposición de sanciones penales generales podría desincentivar la concurrencia a marchas por temor a represalias legales, afectando el ejercicio democrático.
Además, el órgano judicial cuestiona la falta de evidencia respecto a por qué mecanismos menos intrusivos, como los controles de identidad selectivos o prohibiciones administrativas específicas, han resultado insuficientes para los fines propuestos por el gobierno.
En cuanto a la operatividad de la norma, el dictamen prevé dificultades críticas para la policía y el sistema procesal. La propuesta incluye excepciones por motivos de seguridad o situaciones personales, lo que según el Consejo genera incertidumbre sobre cómo los agentes podrán verificar estas circunstancias en tiempo real durante una protesta.
El texto advierte que la intervención policial para sancionar el uso de cubrebocas en concentraciones que se desarrollan de forma pacífica podría, paradójicamente, provocar una escalada de tensión y violencia, postura que coincide con las inquietudes manifestadas por la Fiscalía y las autoridades municipales.
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