Actualidad Internacional
Se debe proteger la participación ciudadana
ONU y organizaciones de Derechos Humanos instan a Estados a cesar criminalización de manifestantes y activistas sociales
El pronunciamiento se enmarca en un contexto global de creciente aprobación de leyes que afectan a organizaciones no gubernamentales y medios independientes. Casos como el de Georgia, con su normativa sobre “agentes extranjeros”, reflejan una tendencia observada también en países como Rusia, Turquía, Egipto y Bielorrusia. Según el comunicado, el derecho a la protesta pacífica y a la acción colectiva debe garantizarse para fortalecer la participación ciudadana y el diálogo social.
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de diversas regiones instaron a los Estados a revisar las medidas que han derivado en arrestos arbitrarios y procesos judiciales contra manifestantes y miembros de la sociedad civil. En un comunicado conjunto, recordaron que los derechos de reunión pacífica y de asociación forman parte de los fundamentos de cualquier sistema democrático.
El pronunciamiento señala que garantizar estos derechos resulta esencial para promover la participación ciudadana, exigir responsabilidades a las autoridades y evitar la erosión de la cohesión social. Subraya, además, que el debilitamiento de tales garantías puede afectar directamente la confianza en las instituciones.
La declaración se suma a la preocupación por el incremento de legislaciones que establecen restricciones a organizaciones no gubernamentales y colectivos de la sociedad civil. Como ejemplo, se menciona la ley de “Agentes Extranjeros” aprobada en Georgia en 2023, que obliga a entidades con más del 20% de financiamiento externo a registrarse bajo esta categoría. La norma ha generado críticas de organismos internacionales y de derechos humanos, que advierten sobre sus efectos en medios de comunicación independientes y en el espacio cívico.
Situaciones similares se han reportado en Rusia, Turquía, Egipto y Bielorrusia, donde disposiciones legales vinculadas a la influencia extranjera han tenido consecuencias directas en el funcionamiento de asociaciones civiles. De acuerdo con la ONU, en muchos casos, defensores y activistas han enfrentado detenciones sin las debidas garantías judiciales, condenas arbitrarias y, en ocasiones, la disolución forzada de sus organizaciones.
El comunicado recuerda que el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la libertad de reunión pacífica y establece que no pueden imponerse restricciones al ejercicio de este derecho, salvo en circunstancias excepcionales definidas por el propio tratado. En este sentido, los expertos resaltan que el respeto a dichas disposiciones resulta fundamental para el fortalecimiento de una democracia inclusiva y resiliente, así como para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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