Actualidad Internacional
Contraviene legislación
Justicia de EE.UU. invalida arancel global del 10% establecido por el presidente trump
Determinó que el cobro de una tasa general a las importaciones carece de respaldo legal y constitucional. La sentencia obliga a la devolución de los montos recaudados a favor de los demandantes y restringe el uso de facultades especiales de emergencia para fines tributarios.

La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos dictó una sentencia que invalida el arancel global del 10% establecido por el presidente Donald Trump. En una resolución dividida de dos votos contra uno, el tribunal concluyó que la aplicación de este gravamen no cuenta con la autorización de las leyes vigentes. Como consecuencia directa, los magistrados ordenaron al gobierno suspender el cobro de estas tasas a las entidades que iniciaron la acción legal y proceder con el reembolso íntegro de los pagos efectuados de forma previa.
El dictamen judicial beneficia de manera específica a tres de los recurrentes: el estado de Washington, la comercializadora de especias Burlap & Barrel y la fabricante de juguetes Basic Fun. Respecto a otros demandantes que integraban la causa, el tribunal decidió desestimar sus pretensiones al considerar que no poseían la legitimación activa necesaria para formar parte del proceso. Es importante señalar que los efectos de esta nulidad y la obligación de devolución de dinero se aplican exclusivamente a quienes obtuvieron el fallo favorable por parte de la instancia judicial.
La medida económica ahora anulada se había implementado bajo el amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa faculta a la presidencia para imponer aranceles temporales que no superen el 15%, con un límite de 150 días, con el fin de corregir desequilibrios en la balanza de pagos internacional. Sin embargo, la decisión administrativa se tomó después de que la Corte Suprema limitara previamente el uso de otras facultades de emergencia para objetivos similares, lo que generó un escenario de cuestionamiento sobre la base legal de la política comercial actual.
Ante la resolución desfavorable, el gobierno federal manifestó su desacuerdo con la interpretación de los jueces y adelantó que se realizarán nuevas investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. Este mecanismo legal permite al gobierno evaluar y responder ante prácticas comerciales de países extranjeros que sean consideradas discriminatorias o que afecten el flujo de mercancías hacia Estados Unidos. En la actualidad, se encuentran en curso diversas indagatorias que involucran a más de 70 socios comerciales y analizan fenómenos como el exceso de producción de bienes y el uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
Se prevé que el gobierno federal presente un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos. De concretarse esta acción, el tribunal superior deberá revisar si la aplicación de las normativas de comercio exterior fue correcta o si se mantiene la invalidez de los impuestos globales determinada en primera instancia.
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