Justicia colombiana dictamina que Estado tiene el deber de proteger a ciudadanos vulnerables durante estado de excepción

La Corte Constitucional de Colombia dictó un fallo donde establece que el Estado tiene la obligación de mantener y reforzar la seguridad de ciudadanos bajo riesgo extraordinario durante un estado de conmoción interior. El tribunal determinó que la seguridad personal se convierte en un derecho autónomo cuando las circunstancias superan los peligros comunes que enfrenta la población en sociedad.

De acuerdo con la decisión, la Unidad Nacional de Protección tiene la responsabilidad de realizar análisis integrales que contemplen la amenaza, el riesgo específico y el grado de vulnerabilidad del solicitante para determinar medidas de seguridad efectivas. El caso tuvo su origen en acciones de tutela interpuestas por un servidor público y una defensora de derechos humanos.

Ambos cuestionaron las decisiones administrativas de la entidad de protección por considerar que no se ajustaban a la realidad de sus situaciones de peligro. El funcionario alegó que sus amenazas aumentaron en una zona bajo régimen de excepción debido a su labor cercana a la fuerza pública. Por su parte, la defensora argumentó que su nivel de riesgo persistía por su trabajo con víctimas del conflicto armado en diversos territorios afectados por la violencia.

La Corte, tras analizar los expedientes, concluyó que la entidad vulneró el debido proceso y el derecho a la seguridad. En el análisis del primer caso, se observó que no se realizó una valoración suficiente del aumento de hostilidades en el contexto del conflicto armado, omitiendo un nuevo estudio técnico tras cambios en la normativa de emergencia.