Juez de EE.UU. dictamina que cancelación de programa de prevención de desastres naturales por parte del gobierno es ilegal

Un juez federal de Estados Unidos resolvió que la administración del presidente Donald Trump actuó fuera de sus atribuciones al finalizar un programa de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) orientado a la preparación frente a desastres naturales.

La resolución judicial acogió los argumentos presentados por una coalición de veinte Estados, en su mayoría gobernados por autoridades demócratas, que cuestionaron la legalidad de la decisión del Ejecutivo de poner término al programa conocido como Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC). Según la demanda, la administración carecía de facultades para cancelar la iniciativa y redirigir los recursos asignados por el Congreso a otros objetivos.

FEMA, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, había informado en abril su intención de dar por finalizado el programa, argumentando que se trataba de un mecanismo costoso, poco eficiente y sujeto a consideraciones políticas. Esta decisión motivó la acción judicial presentada por los estados afectados.

En su fallo, el juez sostuvo que la medida constituía una interferencia indebida del Poder Ejecutivo en una competencia exclusiva del Congreso, específicamente en lo relativo a la asignación de recursos públicos para fines previamente definidos. En ese contexto, señaló que el programa tenía como propósito fortalecer la protección frente a desastres naturales y reducir riesgos para la población.

El magistrado recordó además que, en una etapa previa del proceso judicial, ya había ordenado impedir que FEMA destinara más de 4.000 millones de dólares originalmente aprobados para BRIC a otros usos distintos. En esta nueva resolución, dispuso que el programa no puede ser cancelado sin autorización del Congreso y ordenó a la agencia adoptar las medidas necesarias para revertir su terminación.