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Actualidad Internacional

Libertad de expresión o censura

Juez argentino ordena cese de difusión de audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa de Gobierno

La medida cautelar busca equilibrar la libertad de prensa con la protección de la intimidad y la seguridad institucional.

Por Elke von Loebenstein·05 de septiembre de 2025·2 min de lectura
Imagen: monitorpoblano.com
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Un juez federal de Argentina dictó una medida cautelar ordenando el cese de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente, que habrían sido grabados ilegalmente en la Casa de Gobierno.

La decisión judicial responde a una solicitud de la propia Karina Milei, quien argumentó que la divulgación de estos audios podría causar un daño irreparable a su persona, su familia y la seguridad nacional.

En su fallo, el magistrado realiza un extenso análisis sobre el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. Reconoce que la libertad de prensa es fundamental en una sociedad democrática y que cualquier restricción debe ser interpretada de manera altamente restrictiva. Sin embargo, argumenta que, en este caso excepcional, la potencial difusión de información obtenida ilegalmente justifica una medida cautelar limitada.

El juez enfatiza que su decisión no constituye censura previa, sino una restricción temporal y acotada, desde que se limita únicamente a los audios anunciados el 29/08/2025 atribuidos a Karina Milei. Busca proteger la intimidad, el honor y la seguridad institucional. No pretende obstaculizar el debate público ni el flujo de información. La resolución señala que, «El derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión solamente de los audios grabados en Casa de Gobierno atribuidos a la aquí actora».

La medida ordena al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que comunique la resolución a todos los medios de comunicación masiva.

El juez reitera que su decisión no implica convalidar la figura de la censura previa ni instaurar un «bozal legal», sino que busca un equilibrio entre derechos constitucionales en un caso puntual y excepcional.

Esta resolución judicial plantea nuevamente el debate sobre los límites de la libertad de prensa frente a la privacidad de los funcionarios públicos y la seguridad del Estado, en un contexto de creciente difusión de información obtenida por medios cuestionables.

Vea texto de la resolución.

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