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Actualidad Internacional

Escándalo judicial en Argentina

Imputan a la jueza Julieta Makintach por corrupción y abuso de poder

Está acusada de participar en la producción de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona. Los fiscales solicitaron su desafuero y un juicio político.

Por Elke von Loebenstein·12 de septiembre de 2025·3 min de lectura
Imagen: elargentinodiario.com.ar
Imagen referencial

La jueza Julieta Makintach, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, fue imputada formalmente por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. La acusación penal fue impulsada por tres fiscales quienes sostienen que la magistrada incurrió en una serie de maniobras ilícitas en el marco de la producción de un documental titulado Justicia Divina.

Según la investigación, Makintach habría pactado con la productora María Lía Vidal Alemán la realización de un audiovisual dentro del mismo tribunal donde se desarrollaba el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. En ese contexto, la jueza no solo habría facilitado el ingreso y uso de locaciones públicas —incluyendo la sala de audiencias—, sino que también habría asumido un rol central dentro de la narrativa, comprometiendo su imparcialidad como presidenta del tribunal.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y material audiovisual del proyecto. En el tráiler filtrado de Justicia Divina, se observa a Makintach caminando por los pasillos del edificio judicial, brindando declaraciones en primera persona y destacando su papel en el juicio, lo cual fue interpretado por los fiscales como un intento deliberado de capitalizar mediáticamente su rol judicial a cambio de eventuales beneficios económicos.

Los fiscales sostienen que, a cambio de ese protagonismo, Makintach habría recibido la promesa de participar en los réditos comerciales del proyecto. En este esquema también habría intervenido Juan Manuel D’Emilio, productor vinculado a la realización del documental, quien, según la fiscalía, fue incorporado a través de gestiones coordinadas por la propia jueza.

Como consecuencia directa del escándalo, el juicio por la muerte de Maradona —que ya contaba con más de 21 audiencias celebradas y más de 40 testigos— fue declarado nulo, generando fuertes cuestionamientos tanto del entorno familiar del exfutbolista como de la defensa de los imputados. La nulidad se fundamentó en la pérdida de objetividad del tribunal, que quedó severamente comprometida tras revelarse la existencia del documental.

A raíz de estos hechos, los fiscales solicitaron el inicio de un juicio político contra Makintach y su desafuero para avanzar con la indagatoria penal. La jueza fue suspendida de sus funciones por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que también le otorgó una licencia extraordinaria de 90 días.

En paralelo, la magistrada presentó su renuncia, aunque según trascendidos judiciales, esta aún no fue formalmente aceptada. La defensa legal de Makintach calificó las imputaciones como “absurdas” y denunció supuestas irregularidades procesales en el expediente que instruyen los fiscales.

El impacto institucional ha sido significativo. La Legislatura bonaerense respaldó el apartamiento preventivo de la jueza, y se ordenó la conformación de un nuevo tribunal para continuar el proceso judicial por la muerte de Maradona. En tanto, diversos actores judiciales y políticos cuestionan la falta de controles internos que permitieron que un proyecto de este tipo se desarrollara dentro del ámbito del Poder Judicial sin autorización ni supervisión formal.

Desde el entorno de la familia Maradona, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Giannina, solicitó la inmediata destitución de Makintach, advirtiendo que el episodio “no solo vulnera la institucionalidad judicial, sino que además perjudica gravemente el acceso a la verdad y la justicia”.

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