Estados miembros no pueden denegar ordenes de detención en procesos penales en curso, resuelve el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que el Estado miembro en el que reside una persona buscada no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea emitida con la finalidad de asegurar la presencia de esa persona en un proceso penal que aún está tramitándose. La ejecución tampoco puede denegarse si los hechos que constituyen el delito cometido por la persona buscada no son competencia de ese Estado miembro según su propio Derecho penal.

En 2022, la Audiencia Nacional (España) condenó a un ciudadano español, residente en Rumanía, por su participación en un fraude relacionado con una venta de hidrocarburos por más de cien millones de euros. Tras anunciar su intención de recurrir en casación, se le prohibió salir del país, pero fue localizado en la frontera croata, lo que motivó la emisión de una orden de detención europea con ingreso en prisión.

En 2023, un tribunal rumano denegó la ejecución de dicha orden alegando la residencia legal continuada del acusado en Rumanía, su negativa a ser entregado y la prescripción del delito conforme a la legislación rumana. La Audiencia Nacional, al considerar que no se cumplían los requisitos para invocar motivos de inejecución facultativa, solicitó al TJUE que interpretara la normativa comunitaria sobre la orden de detención europea.