Demanda contra Noruega por concesión de permisos de exploración de hidrocarburos a empresas es desestimada por el TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó la demanda que la ONG Greenpeace y otros actores interpusieron contra el Estado noruego por la concesión de licencias a empresas para extraer hidrocarburos en el territorio nacional. No constató ninguna violación a los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Seis ciudadanos noruegos, junto con las organizaciones Greenpeace Nordic y Young Friends of the Earth Norway, presentaron una demanda contra el Estado noruego por la concesión de licencias para la explotación de petróleo y gas en la plataforma continental del país y el aplazamiento de la evaluación de impacto ambiental. Los demandantes, vinculados al activismo medioambiental, cuestionaron la validez de la decisión del Ministerio de Petróleo y Energía de 2016, que otorgó diez licencias a trece empresas privadas.

Tras una revisión judicial, el Tribunal de la Ciudad de Oslo declaró válida la decisión en 2018. Posteriormente, en 2020, el Tribunal Supremo noruego rechazó el recurso presentado por los demandantes, al considerar que las posibles emisiones futuras derivadas de las licencias no representaban un “riesgo inmediato” y, por tanto, el caso no se encontraba dentro del ámbito del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, demandaron al Estado aduciendo que las autoridades habían omitido efectuar una evaluación ambiental previa sobre las consecuencias climáticas de la concesión de licencias de producción de petróleo.

En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) el objeto del litigio era una decisión administrativa concreta relativa a la concesión de licencias de exploración de 2016, y no la política climática general del Estado. Por ello, la queja sobre la ausencia de una estrategia más amplia de eliminación progresiva del petróleo excedía el alcance del caso. Tras examinar la legitimación de las asociaciones demandantes y la condición de víctimas de los demandantes individuales, se concluye que existía una conexión directa entre los procedimientos de concesión de licencias y los efectos del cambio climático sobre la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas”.