Actualidad Internacional
Derechos de los animales
Corte Suprema de la India dictamina que perros callejeros recluidos por autoridades deben ser liberados tras ser vacunados y esterilizados
Resolvió que los perros callejeros deben ser esterilizados, vacunados y desparasitados, para luego retornar a sus lugares de origen, salvo los casos de rabia o conducta agresiva. La sentencia ordena a las autoridades locales habilitar zonas de alimentación reguladas y líneas de denuncia, además de imponer sanciones a infractores. El tribunal extendió la causa a todos los estados y territorios, requiriendo informes sobre los recursos disponibles para la implementación de medidas.
La Corte Suprema de la India dictó una resolución en la que ordena que dispuso que los perros recogidos en la capital sean sometidos a procesos de esterilización, vacunación y desparasitación, para luego ser devueltos a sus lugares de origen. La medida se adopta en aplicación de las Reglas de Control de la Natalidad Animal (ABC Rules), 2023.
El máximo tribunal consideró excesiva y desproporcionada una orden previa que disponía la reclusión de todos los perros callejeros en albergues permanentes, señalando que dicha instrucción era impracticable dada la inadecuada infraestructura del país para albergar animales. No obstante, se precisó que los animales con conducta agresiva o con diagnóstico de rabia no podrán ser liberados y deberán permanecer bajo resguardo en instalaciones habilitadas.
Asimismo, la sentencia incorpora regulaciones específicas respecto a la alimentación de estos animales. Cada municipio tendrá la obligación de establecer zonas determinadas para la alimentación, debidamente señalizadas. Se prohíbe la entrega de comida en vías públicas u otros espacios no autorizados, disponiéndose que las infracciones sean sancionadas conforme a la normativa aplicable.
Además, los gobiernos locales deberán habilitar líneas telefónicas de denuncia, y tanto particulares como organizaciones no gubernamentales que obstaculicen el cumplimiento de estas disposiciones podrán ser objeto de acciones legales.
La Corte decidió extender el conocimiento de la causa a la totalidad de los estados y territorios de la Unión, centralizando los procesos que estaban siendo tramitados en diversos tribunales superiores. Con esta medida, se busca la elaboración de una política uniforme de carácter nacional. Para ello, se requirió a las autoridades la presentación de informes jurados que detallen la capacidad disponible en cuanto a albergues, profesionales veterinarios, personal de apoyo y medios de transporte.
En cuanto al financiamiento, se ordenó a las organizaciones peticionarias y a los particulares interesados depositar fondos en la secretaría del tribunal: 200.000 rupias por cada organización (unos 2.2 millones de pesos) y 25.000 rupias por persona natural. Dichos recursos se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura para la gestión de canes en situación de calle.
Finalmente, se habilitó un mecanismo de adopción formal. Las personas u organizaciones que deseen acoger a un perro callejero podrán solicitarlo judicialmente, debiendo asumir la responsabilidad de mantenerlo identificado y bajo custodia permanente.
El tribunal recordó que la resolución impugnada, adoptada por una sala de dos jueces, había fundamentado la reclusión total de los animales en el incremento de casos de mordeduras en la ciudad de Delhi —más de 25.000 durante 2024 y más de 3.000 en enero de 2025—, aduciendo que ello afectaba los derechos de los ciudadanos garantizados por los artículos 19(1)(d) y 21 de la Constitución.
Esa primera orden fue objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de protección animal, quienes alegaron que medidas masivas de confinamiento eran incompatibles con principios científicos y jurídicos, además de alterar el equilibrio comunitario. Entre ellas, PETA India sostuvo que la orden resultaba impracticable y carente de fundamento legal.
En atención a las múltiples impugnaciones, el caso fue derivado a un tribunal ampliado, el cual optó por la aplicación estricta del artículo 11(19) de las ABC Rules, que prevé la esterilización y vacunación como método científicamente validado para el control poblacional de animales callejeros.
La decisión se orienta, así, a compatibilizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a los incidentes con canes, con la obligación estatal de dar cumplimiento a las normas legales y constitucionales relativas al trato humanitario hacia los animales.
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