Corte Suprema de Argentina revoca condena al Estado por perjuicios económicos de empresa de televisión satelital

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había condenado al Estado Nacional por los perjuicios económicos sufridos por la empresa DTH S.A., licenciataria del servicio de televisión directa al hogar por satélite.

El fallo aborda los criterios que delimitan la responsabilidad estatal por actividad lícita, reafirmando que el Estado no debe responder por los efectos normales y esperables de políticas públicas dictadas en cumplimiento de su función regulatoria y del interés general.

Los antecedentes del caso señalan que DTH S.A. obtuvo en 1996 una licencia para explotar el servicio de televisión directa al hogar por satélite, debiendo contratar capacidad satelital con la empresa Nahuelsat S.A., única autorizada en ese momento. La compañía alegó que esta situación generó una posición monopólica que derivó en condiciones contractuales abusivas. Posteriormente, el Estado modificó el régimen regulatorio, habilitando el acceso a satélites extranjeros y liberalizando el mercado, lo que, según DTH S.A., provocó una pérdida económica sustancial y un “sacrificio desigual” frente a nuevos competidores con menores costos y condiciones más favorables.

En primera instancia, la demanda fue rechazada, pero la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión, considerando que el cambio normativo configuraba responsabilidad estatal por actividad lícita y condenó al Estado al pago de indemnización. Frente a ello, el Estado Nacional y el ENACOM recurrieron, argumentando que DTH S.A. conocía la naturaleza regulada y mutable del sector, que existían mecanismos para evitar abusos y que no podía alegar sorpresa ante la modificación de políticas públicas en un rubro en constante desarrollo.

Al analizar el caso, la Corte Suprema recordó que la responsabilidad estatal por actividad lícita sólo procede de manera excepcional, cuando una medida legítima causa un daño cierto, especial y anormal, imponiendo a un particular una carga desigual respecto del resto de la comunidad. En este marco, los jueces destacaron que las modificaciones al régimen de telecomunicaciones no fueron arbitrarias ni intempestivas, sino que cumplieron con el artículo 42 de la Constitución Nacional, protegiendo los derechos de los consumidores, la competencia y previniendo situaciones monopólicas, además de respetar compromisos internacionales en servicios satelitales y liberalización de mercados.