Corte Constitucional de Colombia dictamina que familiares de defensores de derechos humanos también deben contar con protección estatal

La Corte Constitucional de Colombia conoció dos acciones de tutela interpuestas por personas indígenas defensoras de derechos humanos que denunciaron la reducción de sus medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La Corte concluyó que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal al disminuir su esquema de protección sin motivación suficiente. Subrayó la obligación de garantizar medidas efectivas no solo a la persona directamente amenazada, sino también a su familia inmediata.

En el primer caso, la Corte analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento, amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024. Se constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la UNP modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

El segundo correspondía a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado. Ambos casos sirvieron para que el tribunal reafirmara las obligaciones constitucionales de la UNP en materia de valoración de riesgo y protección efectiva.

En su análisis de fondo, la Corte observa que, “(…) la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que la población líder y defensora de derechos humanos es sujeto de especial protección constitucional por el riesgo que asume en el ejercicio de sus labores. Esta protección se extiende a sus familiares, en la medida en que pueden ser objeto de amenazas, hostigamientos o represalias derivadas de la labor de quien lidera. Por ello, el Estado tiene la obligación de incorporar a los familiares en los programas de protección cuando las circunstancias lo ameriten, garantizando su seguridad personal y su derecho a vivir libres de violencia”.