Consejo Constitucional de Francia valida impuesto sobre las operaciones de reducción de capital realizadas por grandes empresas

El Consejo Constitucional de Francia resolvió una cuestión prejudicial de constitucionalidad relativa al Código General Tributario. El pronunciamiento confirma la legalidad del tributo aplicado a las operaciones de reducción de capital social mediante la cancelación de acciones, una medida incorporada originalmente en la Ley de Finanzas de 2025. Este gravamen afecta exclusivamente a entidades con una facturación anual que sobrepase los mil millones de euros, impactando tanto el importe de la reducción como las primas de emisión relacionadas.

La controversia jurídica se originó ante los cuestionamientos sobre la configuración de la base imponible. Los recurrentes sostenían que el método de cálculo generaba disparidades en los tipos impositivos aplicados y se alejaba de la capacidad de pago real de las empresas, al no considerar estrictamente el desembolso efectuado para la adquisición de los valores. Según este argumento, la desvinculación entre las sumas pagadas y la base imponible vulneraba principios constitucionales de equidad tributaria.

En su fundamentación, el tribunal señaló que el objetivo del legislador es captar ingresos fiscales a partir de las decisiones de gestión financiera de grandes contribuyentes que disponen de excedentes de liquidez. El fallo establece que el Parlamento tiene autonomía para definir elementos tributarios siempre que estos se apoyen en criterios objetivos y racionales que guarden relación con la magnitud de la transacción. De esta forma, el Consejo descartó la existencia de una obligación constitucional de ajustar la carga tributaria únicamente a los precios de mercado pagados por la recompra.