Actualidad Internacional
Libertad de expresión
Colegio de Abogados de Buenos Aires rechaza censura judicial a críticas contra fiscales del Ministerio Público de Tucumán
Advierte que la medida viola principios democráticos y libertad de expresión. Es incompatible con los principios esenciales de una República democrática. Viola la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional. Contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo a la resolución dictada por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de toda difusión de contenidos que cuestionen o critiquen la actuación del Ministerio Público Fiscal de la provincia o de sus funcionarios, disponiendo además que la medida sea comunicada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su control.
La institución sostuvo que una decisión de esa naturaleza resulta plenamente incompatible con los principios esenciales de una República democrática. En un Estado constitucional de derecho —señaló— ningún funcionario, y menos aún un juez, puede erigirse en censor de ideas ni impedir que ciudadanos o medios de comunicación expresen opiniones, por duras o incómodas que sean, sobre la actuación de los poderes públicos.
Recordó que la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no admite restricciones preventivas. El sistema republicano exige que los funcionarios públicos estén sujetos al escrutinio y crítica de la sociedad, y no protegidos por un cerco judicial que los blinde frente a la opinión ciudadana.
El Colegio destacó la gravedad de que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre una rama completa del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han considerado estas medidas como formas de censura previa prohibidas por el derecho internacional.
Frente a este escenario, exhortó a las autoridades competentes a promover los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan ante lo que calificó como un apartamiento inadmisible de los principios republicanos y constitucionales.
Finalmente, remarcó que la vigencia de la libertad de expresión y de prensa es una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y la preservación del Estado de Derecho.
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