INTERNAMIENTO PSIQUIÁTRICO
TC español refuerza garantías de pacientes internados por trastorno mental
El Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia de especial relevancia para la protección de los derechos fundamentales de las personas con trastorno mental, al establecer nuevos estándares de garantía aplicables a los procedimientos de internamiento psiquiátrico urgente no voluntario y…
El Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia de especial relevancia para la protección de los derechos fundamentales de las personas con trastorno mental, al establecer nuevos estándares de garantía aplicables a los procedimientos de internamiento psiquiátrico urgente no voluntario y reforzar el contenido del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 17 de la Constitución.
El Tribunal acogió el recurso de amparo interpuesto por un paciente y su hermana en contra de las decisiones adoptadas por los jueces del fondo, al concluir que el ingreso había sido ratificado judicialmente sin que el afectado contara con una defensa jurídica efectiva ni recibiera información comprensible acerca de sus derechos.
El internamiento urgente por razón de trastorno mental constituye una de las medidas más restrictivas que pueden adoptarse en el ámbito sanitario, pues implica privar de libertad a una persona sin su consentimiento.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional sostuvo que el control judicial no puede limitarse a comprobar la existencia de un trastorno mental que justifique clínicamente el ingreso, sino que debe garantizar también que durante todo el procedimiento se respeten plenamente los derechos fundamentales de la persona afectada.
Uno de los aspectos centrales del fallo dice relación con el derecho del paciente a recibir información. Hasta ahora, se entendía suficiente que el juez comunicara al afectado las razones de su internamiento y sus derechos procesales. Sin embargo, el Tribunal avanzó hacia un estándar más exigente y señaló que no basta con entregar formalmente esa información si la persona no se encuentra en condiciones de comprenderla.
Por ello, cuando el estado clínico del paciente impida una comprensión adecuada, el órgano judicial deberá adoptar los ajustes necesarios para que la información resulte realmente efectiva.
Entre esos mecanismos, la sentencia contempla la posibilidad, e incluso la necesidad cuando las circunstancias lo exijan, de facilitar la intervención de la persona que ejerza la guarda de hecho o constituya el principal apoyo del afectado.
De este modo, el Tribunal estableció que el cumplimiento de esta garantía no se satisface únicamente mediante la entrega formal de información, sino que exige asegurar que el derecho pueda ser ejercido de manera real y efectiva.
Otro de los aspectos relevantes de la sentencia es el fortalecimiento del contenido material del derecho de defensa en los procedimientos de internamiento urgente no voluntario por trastorno mental.
El Tribunal Constitucional recordó que, cuando el paciente no se encuentra en condiciones de designar a un abogado debido a su situación clínica, corresponde al Ministerio Fiscal asumir provisionalmente su defensa.
No obstante, precisó que esa intervención no puede reducirse a una mera formalidad procesal ni limitarse a emitir un informe favorable o contrario al internamiento.
La asistencia jurídica, sostuvo el Tribunal, solo resultará constitucionalmente válida cuando sea real, efectiva y activa.
Para cumplir con esa exigencia, el Ministerio Fiscal debe conocer las circunstancias personales del afectado, intentar entrevistarse con él o, cuando aquello no resulte posible, con la persona que ejerza su apoyo, evaluar la necesidad de proponer pruebas y participar efectivamente en la audiencia judicial.
El propósito es asegurar que quien se encuentra privado de libertad disponga de una auténtica defensa de sus derechos e intereses y evitar que el procedimiento judicial termine convirtiéndose en una simple ratificación automática de la decisión adoptada por los profesionales de la salud.
En el caso analizado, el Tribunal Constitucional concluyó que se vulneró el derecho a la libertad personal debido a la actuación desplegada por el Ministerio Fiscal.
Pese a haber sido designado para asumir la defensa del paciente, el fiscal no compareció a la audiencia judicial y su intervención se limitó a presentar un escrito en el que apoyaba la medida de internamiento.
Asimismo, no se entrevistó previamente con el afectado, no tomó contacto con la hermana de este, quien constituía su principal apoyo, ni promovió actuaciones destinadas a asegurar una defensa efectiva.
Para el Tribunal Constitucional, esa actuación vació de contenido el derecho de defensa y situó al paciente en una condición de indefensión incompatible con las garantías derivadas del artículo 17 de la Constitución.
La sentencia establece así que, en procedimientos de internamiento psiquiátrico no voluntario, donde se encuentra comprometido un derecho esencial como la libertad personal, la defensa jurídica no puede ser entendida como un mero trámite burocrático.
Por el contrario, debe operar como una garantía efectiva que permita al paciente participar en el procedimiento judicial, directamente o mediante los apoyos adecuados, y contar con una defensa real de sus derechos.
Con esta doctrina, el Tribunal Constitucional refuerza el control judicial sobre este tipo de medidas y avanza hacia un modelo más garantista y respetuoso de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas con trastorno mental.
El fallo también podría tener efectos relevantes sobre la actuación de jueces, fiscales, hospitales y servicios de salud mental, pues obliga a extremar las cautelas destinadas a asegurar que la persona internada comprenda efectivamente la información que recibe y, cuando ello no sea posible, que puedan intervenir adecuadamente quienes constituyan sus apoyos.
Más allá de sus consecuencias procesales, la sentencia refleja una evolución hacia un modelo jurídico que otorga mayor importancia a la dignidad y autonomía de las personas con trastorno mental.
La decisión se encuentra, además, en línea con los principios establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en cuanto a la necesidad de proporcionar apoyos para el ejercicio de los derechos y evitar que las limitaciones asociadas a una enfermedad mental se traduzcan en una disminución de las garantías constitucionales.
En definitiva, el Tribunal Constitucional sostuvo que, aun cuando un internamiento resulte clínicamente necesario, la protección de la salud no puede justificar el debilitamiento de las garantías asociadas al derecho fundamental a la libertad personal.
De esta manera, la asistencia jurídica efectiva, la entrega de información comprensible y la participación de las personas que prestan apoyo al paciente dejan de ser simples formalidades y pasan a constituir requisitos esenciales para la validez constitucional de un procedimiento de internamiento psiquiátrico no voluntario.
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