Proyecto de ley busca restringir redes sociales y asistentes de IA a menores de 16 años en Nueva Zelanda

El gobierno de Nueva Zelanda presentó una iniciativa legislativa sobre seguridad digital que busca prohibir el acceso a redes sociales y asistentes de inteligencia artificial a menores de 16 años. El texto normativo obligará a las compañías del sector a comprobar la edad de los usuarios previamente a la prestación de sus servicios, regulando plataformas que cuenten con funciones consideradas perjudiciales como los sistemas algorítmicos de recomendación, la navegación continua y las secciones de comentarios.

La propuesta normativa contempla excepciones expresas para servicios de mensajería instantánea, redes de ámbito profesional, plataformas de videojuegos y música, así como aplicaciones orientadas a la educación y la salud. Asimismo, se establece que el mero ingreso de la fecha de nacimiento o la presentación de identificaciones formales no bastará para acreditar la edad, ordenando a las empresas la adopción de herramientas adicionales como el reconocimiento facial y la evaluación del comportamiento de las cuentas.

El articulado también impone a los proveedores digitales el deber de confeccionar análisis de riesgo para la protección de menores de 18 años frente a conductas de acoso, violencia y contenidos sexualmente explícitos. El gobierno sostuvo que medidas semejantes han mostrado eficacia en otros países, defendiendo la necesidad de replicar en los entornos virtuales las salvaguardas que operan en los espacios físicos.

En diciembre de 2025, Australia se transformó en el primer Estado en vetar las plataformas digitales a menores de edad, informando el cierre de más de 5 millones de perfiles, mientras su gobierno anunció un endurecimiento del marco regulatorio para mediados de año. Dicha nación enfrenta actualmente problemas de fiscalización y sostiene la defensa judicial frente a una acción de inconstitucionalidad deducida por una plataforma online.

Diversos países como el Reino Unido, Canadá, Malasia, Turquía y Francia han evaluado o seguido esquemas similares de tutela infantil en internet. No obstante, la judicatura constitucional francesa declaró recientemente la nulidad de su prohibición local, tras resolver que la medida vulneraba de forma desproporcionada los derechos fundamentales de la niñez relativos a la libertad de expresión, la comunicación y la privacidad.

El debate regulatorio se suma a los pronunciamientos emitidos a nivel global, donde la máxima representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a los Estados abstenerse de dictar prohibiciones genéricas. Desde el organismo internacional se instó a sustituir las restricciones totales por esquemas de regulación eficaz que mitiguen directamente los riesgos junto a los operadores tecnológicos.

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