Tribunales por País · página 90

Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir de este 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales en estos próximos días serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan. En efecto, desde 1980, la contienda entre Nicaragua y Colombia ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe.

Más de 12 años han pasado desde la expedición de la primera sentencia de la Corte IDH sobre el golpe de Estado en Uruguay, el caso Gelman, el 24 de febrero de 2011, en la que se responsabilizó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García.

Un emoji ? es un medio no tradicional para "firmar" un documento, pero, sin embargo, en estas circunstancias es una forma válida de transmitir los dos propósitos de una firma: identificar al firmante y transmitir la aceptación. Así, en estas circunstancias, la normativa se ha cumplido y, por lo tanto, el contrato es exigible.

Disparó a mansalva con un arma semiautomática contra decenas de personas en una tienda Walmart, en su mayoría de origen latino. Previo al ataque publicó un manifiesto para justificar su acciones y su odio racial. Fue condenado a cadenas perpetuas consecutivas por cada uno de los cargos presentados en su contra.

Tras finalizar la crisis sanitaria por la pandemia (COVID-19), el país ibérico decidió volver a las fuentes y restauró la obligatoriedad del uso de las togas para los profesionales del derecho.

Tampoco el que una noticia se divulgue por un medio de comunicación justifica que se pueda reproducir dicha noticia sin consecuencias por la falta de veracidad de dicha información.

El Tribunal Constitucional no dio ni la más básica de las justificaciones para rechazar el recurso de amparo. Por lo tanto, los demandantes no previeron la forma en que el artículo 42 de la Ley núm. 2/1979 fue interpretado y aplicado en su caso. Eso afectó la esencia misma de su derecho de acceso a un tribunal para la protección de su discutible derecho.

Seis de los nueve magistrados rechazaron una teoría propuesta por congresistas republicanos de Carolina del Norte que, según sus detractores, habría debilitado la democracia estadounidense.

Dictaminó que las universidades de Harvard y Carolina del norte vulneraron los derechos de estudiantes blancos y asiáticos al favorecer a individuos de otros grupos raciales en sus procesos de admisión. A su juicio, estas políticas de discriminación positiva contravienen la igualdad ante la ley consagrada en la Decimocuarta Enmienda.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana un recurso presentado por el agregador de noticias Menéame contra una sentencia que le condenaba a indemnizar a un ex concejal del PP en Marbella por los insultos vertidos por usuarios en los comentarios a una información donde se le acusaba de haber hecho un gasto excesivo de dinero público en plena crisis.

Frente al problema de claridad y de razonabilidad del procedimiento de inscripción de candidatos al Congreso para el proceso de elecciones 2021, resulta de aplicación el principio de informalismo y el de predictibilidad o de confianza legítimos. Ello porque el recurrente no pudo tener una comprensión cierta sobre los requisitos, etapas y duración estimada de estas, y del acto que concretaba la presentación de la solicitud, al no contar con información certera y completa.

No obstante, los medios de comunicación pueden publicar información referida a la identidad de la persona si son de interés general, pues prevalece la libertad de información.

El alto tribunal señaló a las entidades de salud que deben presentar un informe riguroso para determinar si un procedimiento es de embellecimiento o es para restaurar cierta parte del cuerpo.

Si el propósito de la víctima hubiera sido el de faltar a la verdad de forma deliberada en su narración, sin particular dificultad se habría limitado a reproducir una fecha cualquiera de manera invariable.

Razones de índole humanitaria pueden justificar sólo la posibilidad de "aplazar la entrega del reclamado" si existieran "circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias" que hicieran que la "entrega" fuera "incompatible con razones humanitarias".

Las autoridades estadounidenses acusan a Chile de no facilitar los antecedentes penales necesarios para identificar a los “lanzas internacionales” que viajan al país a cometer delitos, lo cual dificulta el trabajo de fiscales y policías destinados a perseguir sus ilícitos.

Un ciudadano extranjero que cometió crímenes de lesa humanidad o de guerra en el extranjero contra víctimas no nacionales puede ser juzgado ante un tribunal francés si posee domicilio habitual en Francia y si existe doble incriminación, es decir, cuando el hecho está tipificado tanto en la legislación francesa como en el Estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes.

En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Gelman. ¿Cuál ha sido el impacto de esta decisión en Uruguay?

La Ley tiene como objetivo mantener a los niños indígenas conectados con sus familias y cultura. “Niño indígena” se define ampliamente para incluir no solo a un niño que es “miembro de una tribu nativa”, sino también a uno que es elegible para ser miembro de una tribu y es hijo biológico de un miembro de ella.

Busca modernizar los sistemas públicos de información, necesarios para garantizar una adecuada fiscalización de los funcionarios públicos y las empresas que contratan con el Estado, las cuales deberán integrar una “lista de integridad empresarial”.

Aun asumiendo que los reclamantes enfrentan riesgos reales y no especulativos de devolución desde los Estados Unidos, el esquema legislativo canadiense proporciona válvulas de seguridad que protegen contra tales riesgos. Por esa razón, el esquema que implementa el Acuerdo de Tercer País Seguro no es demasiado amplio ni extremadamente desproporcionado y, por lo tanto, está de acuerdo con los principios de justicia fundamental.

Es necesario que exista un nexo causal entre la lesión y la dolencia con el trabajo, aunque la acreditación de la misma no tiene que ser exhaustiva, bastando con que se establezca en términos de probabilidad, ya que no siempre puede acreditarse tal relación causal mediante una evidencia científica.

Asesinó a 11 judíos que practicaban su fe en una sinagoga e hirió a varios efectivos policiales. Debido a la gravedad de sus crímenes, se espera que en las próximas semanas el tribunal acoja la solicitud de pena muerte presentada por la fiscalía, aunque no se descarta que sea condenado a cadena perpetua.

Si bien los medios de aplicación de la medida fueron estrictos, habían sido apropiados para su propósito. El demandante no hizo ninguna solicitud a las autoridades para que se le permitiera salir temporalmente del área cubierta por el toque de queda por motivos familiares o relacionados con el trabajo. Además, el control judicial de la medida abarcó también su proporcionalidad.

En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.

No existe ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de delitos de abusos sexuales en la persona de su hijo.

El papel de los autores intelectuales de los hechos, especialmente en las redes sociales, no es una circunstancia menos relevante, dejando en claro que los medios de comunicación mencionados son parte esencial de la empresa criminal que derivó en los espantosos hechos presenciados el 08/01/2023, y en los actos de los días siguientes.

Ni los tribunales ni el Gobierno intentaron justificar la condena del demandante por incitación a la violencia o incitación al odio. Aunque el Tribunal Constitucional se refirió a un “sentimiento de intolerancia” transmitido por el demandante, no examinó la existencia de un contexto político o social tenso o la capacidad de las declaraciones para conducir a consecuencias perjudiciales.

La abogada hace referencia a tareas extrajudiciales de las cuales no hay registro; sin embargo, en función de la valorización de la profesión, la lógica expectativa de la retribución por su labor y en pos de un adecuado servicio de justicia, resultaría injusto no retribuir su puesta a disposición para prestar el servicio.

Es claro que la relación mantenida entre la víctima y el acusado (hija ella de la pareja sentimental de él), por más que ambos hubieran convivido de forma prolongada en el tiempo, no se encuentra entre las seleccionadas por el legislador para esos efectos.