Tribunales por País · página 87

En los casos de violencia sexual contra varones, se debe considerar que los agraviados tienen una particular vergüenza y pudor para denunciar los hechos y declarar sobre los mismos, pues aún en la actualidad la sociedad considera que tal agresión sexual es incompatible con el rol masculino. Los agraviados se sienten menos varones por lo sucedido, lo que repercute en su silencio y la consecuente invisibilidad de tales casos.

No cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos. Para considerar un enriquecimiento como ilícito e improcedente el mismo debe carecer absolutamente de toda razón jurídica, que no concurra justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

Hemos superado la posición que exigía la necesidad de consignar un determinado elemento subjetivo en este tipo de delitos, constituido por el ánimo lúbrico o libidinoso, por cuanto el tipo penal únicamente requiere que el agente obre sabiendo que no cuenta con el consentimiento de la víctima, o bien que este consentimiento le sea indiferente, continuando con su acción.

Entre los hechos objeto de acusación y los enjuiciados ha de existir esencial identidad. Ni siquiera puede desligarse el Tribunal de esa vinculación al sustrato fáctico. No está habilitado para introducir hechos nuevos incriminatorios. Admitirlo supondría un quiebre del principio acusatorio y, singularmente, del derecho de defensa.

La reforma confiere mayores poderes a los custodios, quienes estarán facultados para utilizar fuerza razonable en caso que el delincuente se negare a sentarse en el banquillo. En última instancia, se podrá facilitar un enlace de video para que asistan en forma telemática. Si el criminal se resiste a comparecer, arriesgará una pena extra de 2 años de cárcel.

La buena fe se entenderá vulnerada cuando la realización de otras actividades sean contrarias a la recuperación de la salud, en tanto que de ello se derivaría un fraude y engaño para la empresa, como para el sistema nacional de Seguridad Social. No toda actividad realizada por el trabajador durante la situación de incapacidad justificaría el despido.

La tipicidad subjetiva no requiere una finalidad libidinosa, lo que exige es la descripción de la naturaleza sexual del acto que se realiza voluntariamente y, junto a ello, la concurrencia de la afectación del bien jurídico, la libertad y la indemnidad sexual.

El Gobierno alegó que durante la tramitación de la ley no se había consultado a las regiones autónomas de Madeira e Islas Azores, especialmente afectadas por los altos índices de consumo de drogas sintéticas. Anunció que promulgará la ley con observancia de lo dispuesto por el Tribunal.

La autoridad vulneró el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante por cuanto negó la extensión del servicio público de gas en abierta violación a la prohibición de discriminación que debe informar los planes de ampliación de cobertura de los servicios públicos. Está probado que el accionante cumplía con las condiciones para ser beneficiario del proyecto al cual la Alcaldía no lo vinculó, pese a lo cual fue excluido del mismo sin justificación válida para el efecto.

El a quo, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, sí tuvo en cuenta todo el material probatorio acompañado a la causa, arribando a la conclusión que la mujer no padece ningún impedimento para procurarse sustento económico de manera personal, lo cual es una exigencia legal para la prestación de alimentos posteriores al divorcio.

La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.

Si bien el asunto tuvo dificultades operativas, debido a que exigió el nombramiento de conjueces, ello no justifica una tardanza de más de 21 años. Además, a lo largo del proceso se presentaron periodos de inactividad que no fueron justificados por el Estado y durante los cuales el afectado presentó diversas solicitudes de impulso procesal que no fueron atendidas.

No se advierte vulneración del derecho de igualdad, pues cada uno de los aspirantes que tomaron parte en el proceso tiene el mismo derecho que el ejercitado por el actor para que fuera revisado su ejercicio. Solo sucedió un simple error material, un simple error cuya corrección no supone vulneración de la igualdad al no implicar discriminación real con el resto de los opositores.

La opción por la tributación conjunta tomada por los padres, aun siendo beneficiosa para ellos, podría ser perjudicial para el hijo menor de edad. Y la legislación tributaria no contempla ningún medio para solucionar este posible conflicto de intereses.

La decisión de la autoridad de brindar alivio a otras personas bajo un esquema legal diferente no causó que los demandantes no obtuvieran los beneficios que deseaban. La causa de su supuesta lesión es mucho más vulgar que esa: el Gobierno simplemente ha decidido no darles el alivio que deseaban. Normalmente, el recurso de una parte para inducir a una agencia a tomar una acción deseada no es presentar una demanda, sino una petición para la emisión, enmienda o derogación de una norma.

El deslucimiento de un bien que implique una pérdida de su valor o suponga una necesidad de reparación evaluable económicamente, ha de ser reconducido al delito de daños.

A pesar de que la recurrente insiste en el carácter noticioso de la contaminación acústica, y que ese es un asunto de interés y relevancia pública, la sala comparte el criterio de la sentencia cuando afirma que las manifestaciones se encuentran imbricadas en unas relaciones de vecindad, con escasa relevancia pública.

Habría disuadido a asilados y refugiados para que no presentaran solicitudes de trabajo debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Señaló falsamente que las leyes de control de exportaciones le impiden contratar a personas con este estatus.

Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.

El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático.

La carta de despido no es concreta, habla de "inestabilidad económica" y "caída progresiva de la facturación" con lo que parece referirse a causas económicas, pero no concreta cuales son las supuestas pérdidas, ni cuales han sido las ventas en los últimos trimestres. Con ello no se acreditan tres trimestres consecutivos de pérdidas ni un resultado a nivel global.

La concesión de la licencia de armas es un acto discrecional de la autoridad, sin que sea su concesión un derecho preexistente. La discrecionalidad no es nunca arbitrariedad; y un criterio esencial de distinción entre ambas es la existencia o no de fundamentación de la decisión. El mero carácter discrecional de la potestad conferida a la autoridad no significa que ésta pueda adoptar cualquier decisión y que esta se encuentre legitimada, por el mero hecho de ser discrecional.

Inicialmente las comisiones parlamentarias de investigación tienen facultades instructivas propias de las autoridades judiciales, por lo que los citados a declarar no pueden excusarse de esta obligación. Sin embargo, estas facultades deben ejercerse respetando derechos garantizados constitucionalmente, como el derecho al silencio, la no autoincriminación y la comunicación con los abogados.

No se advierte el gravamen exigido por el código para la procedencia del recurso intentado. Además, resulta oportuno recordar la doctrina de los “actos propios”, que es considerada un principio general del derecho, y destacar que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta.

Respetar el compromiso de la Constitución con la libertad de expresión significa que todos nos encontraremos con ideas que consideramos "poco atractivas", “equivocadas”, o incluso “hirientes”. Pero la tolerancia, no la coerción, es la respuesta de nuestra Nación. La Primera Enmienda contempla a los Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno.

Si bien el derecho a la libertad de expresión cuenta con una protección reforzada en la legislación sueca, esto podría cambiar pues las autoridades del país están explorando formas legales de prevenir actos de quema del Corán por razones de seguridad y geopolíticas, debido a los ataques a sus embajadas.

Sólo podrán invocarse preceptos penales sustantivos u otras normas jurídicas del mismo carácter, por lo que queda absuelto del delito de coacciones el ex marido que puso en dos oportunidades un GPS en el vehículo de su ex mujer, sin su conocimiento ni consentimiento.

Las autoridades y particulares que prestan servicios de salud no tienen un marco jurídico claro que les permita ejercer sus funciones derivadas de la protección del derecho a la vida en su componente relativo a garantizar la posibilidad de una muerte digna y ello se debe a una omisión legislativa.

El menor ha sufrido todo tipo de burlas y bromas de mal gusto referidas tanto a él como a su familia y en especial a su padre por llevar el patronímico “Concha”. Tales improperios transcurren en el ámbito barrial y escolar, generando en el menor un gran estado de angustia que ha modificado su personalidad de manera negativa.