Tribunales por País · página 54

La demanda detalla cómo los daños ambientales relacionados con el cambio climático, tales como la lluvia ácida, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, han afectado al Estado. En este contexto, el fiscal argumenta que las empresas demandadas podrían haber previsto razonablemente estos daños, pero no adoptaron medidas para mitigarlos.

En la ponderación de intereses en conflicto, tenemos en cuenta que no está presente en la publicidad de la sentencia ninguno de los datos considerados relevantes por el indicado acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional para la exclusión de los datos de identidad en publicación de las resoluciones judiciales.

Cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio.

El juez debe gozar de la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.

No es posible sostener que el engaño haya radicado en la conducta previa del imputado, específicamente, en haber celebrado y cumplido un mutuo anterior. Este acto, lejos de constituir un indicio de engaño, refuerza la existencia de una relación basada en la confianza y el cumplimiento previo.

La reforma constitucional aprobada el viernes pasado por la Asamblea Nacional nicaragüense otorga un poder ilimitado al presidente. El Grupo de Expertos especializados en el país centroamericano manifiesta alarma y alerta del impacto de la reforma en las garantías fundamentales. “Elimina el respeto a la dignidad de la persona”, afirma.

Fue la empresa farmacéutica la que contrato con la empresa de publicidad, aprobó el medio elegido, el tema de la publicidad y procedió, posteriormente, a rectificar el contenido del mismo a requerimiento de la entidad reguladora, pero suscribiendo como proyecto suyo el artículo al hacer expresa mención a su patrocinio y que en el mismo artículo se reseñaban los efectos beneficiosos del fármaco frente a otros para tratar la enfermedad.

El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.

Establece un procedimiento previo a la designación, mediante el cual el Secretario del Tesoro debe emitir un aviso escrito dirigido a la última dirección registrada de la organización. Este aviso deberá incluir la designación prevista, los nombres de las organizaciones a las que se alega que se brindó apoyo y una descripción del material de apoyo proporcionado.

La resolución es insuficiente frente a otro tipo de condiciones como lesiones o enfermedades graves e incurables, que produzcan intenso sufrimiento físico o también psíquico. A la fecha no parece haberse reportado un cambio en ese sentido, con lo cual se crea una barrera de acceso que impacta en este derecho.

Lo cierto es que el Frente Amplio de la mano de Orsi, el delfín del ex presidente José “Pepe” Mujica, vuelve al poder luego de 5 años de gobierno del Partido Nacional. Así, más allá de la potencia electoral y el carisma político de la fórmula presidencial Orsi - Cosse, analistas como la politóloga Camila Zeballos de la Universidad de la República, explican que uno de los factores del triunfo del Frente Amplio se debe a la intensa campaña que desplegó desde las internas de junio de 2024, que consolidó su presencia a lo largo del todo el territorio nacional.

El uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados.

Parece claro que, en este caso, dadas las características del miembro y el tiempo que puede estar sin irrigación, se tardó un tiempo notablemente superior al adecuado, según la lex artis, en llamar al cirujano vascular, lo cual provocó la imposibilidad de recuperar la pierna.

En el documento presentado, el DOJ destacó que estas medidas tienen como objetivo establecer restricciones para evitar acuerdos anticompetitivos entre Google y fabricantes de dispositivos o computadoras, limitar el uso de inteligencia artificial en favor de productos propios y abordar otras prácticas que perpetúan el dominio de Google.

En cuanto a dichos marcos convencionales, si bien hallan su norte inicial en el compromiso relativo a la lucha para evitar los traslados ilícitos de niños y su retención ilícita en el exterior de los países en los cuales se hallara su centro de vida, no escapan al prisma de examen que impone el interés prioritario en juego que es el del niña, niño o adolescente.

No puede colegirse que la autoridad haya iniciado la ejecución de alguna acción tendiente a reducir la generación de niveles sonoros que podrían afectar el transcurrir habitual de los vecinos colindantes al espacio verde del canil, procurando el cumplimiento de los límites máximos permisibles del ASAE “Tipo II” donde residen los actores.

Concretamente, la iniciativa propone la eliminación del régimen de las PASO y que los partidos, alianzas o confederaciones registren ante el Juez Federal con competencia electoral las listas de candidatos con una antelación de 60 días.

No obstante que la imagen publicada estaba pixelada en su rostro, se aportaron en tal publicación datos personales -nombre completo, edad y dirección exacta de residencia- que el propietario y editor del medio manifiesta haber sido brindada por la policía interviniente. En el presente caso, lo relevante radica en que la imagen fue revelada sin el consentimiento de su titular, cuya protección encuentra tutela en la ley.

La alteración de la verdad no afectó a aspectos accesorios o secundarios del contenido del documento, sino a la esencia del mismo, pues todo lo que en él se decía era mendaz por contrario al ordenamiento jurídico, de modo que debe rechazarse la alegación sobre la supuesta inocuidad, viéndose afectado, también, el bien jurídico protegido por el delito.

Las agencias de viajes asumen la obligación de gestionar la compra de pasajes aéreos, ofreciéndolos a sus clientes en un determinado marco de condiciones que el consumidor estima conveniente por cualquier servicio al que se haya comprometido, quedando eximida de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas y los usuarios.

Se ignoraron los episodios de violencia narrados por la accionante, que sin duda constituían violencia contra la mujer, y se redujo injustificadamente el escenario de los hechos jurídicamente relevantes almomento en que asestó el golpe contra la víctima. La falta de inclusión del enfoque de género en el análisis del caso constituyó una valoración discriminatoria en contra de la accionante que conllevó un acto de revictimización.

Existe particularmente un interés individual que deber ser atendido, por cuanto de lo contrario significaría condenar de por vida a la víctima peticionante, a portar un apellido que para ella representa un elemento negativo. Podría pensarse pues, en que evocarlo en determinadas situaciones, podría implicar rememorar situaciones de las que ha sido víctima y seguramente, no quiere de ninguna manera recordar ni recrear.

Las grabaciones fueron solicitadas de la forma en que exigió la demandada y, sin embargo, dijo haberlas borrado, tal actitud impide llegar a otro convencimiento que el que ha llegado el a quo. En consecuencia, ha de serle imputada a la demandada la falta de aportación de una prueba de la que disponía para acreditar que no había acaecido la caída como decía la demandante.

No hay ninguna disposición legal que ampare el derecho a la huelga de un abogado en relación a los asuntos que se le atribuyan por el turno de oficio, ni existe ninguna resolución judicial dictada por un órgano perteneciente a la jurisdicción social que reconozca dicho derecho a huelga.

El requisito de vacunación, como condición para la vinculación laboral en un contexto posterior a la culminación de la emergencia sanitaria, no satisface las exigencias del juicio de igualdad y resulta discriminatorio en tanto supone una preferencia injustificada hacia las personas que han optado por aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

El alto tribunal reconoció que estas prácticas son crueles, y generan dolor y sufrimiento en los animales.

El derecho a vacaciones retribuidas ha sido declarado reiteradamente como un principio del derecho social comunitario europeo asociado a la garantía de seguridad y salud de los trabajadores y frente al que no es admisible ningún tipo de excepción. En este sentido, el empresario debe velar de manera concreta y transparente por que el trabajador pueda efectivamente disfrutar de sus vacaciones anuales pagadas.

Según las acusaciones, estas demoliciones fueron ejecutadas sin una orden judicial o proceso legal, y presuntamente con la colaboración de funcionarios locales. La Corte estableció que tales demoliciones, al ser arbitrarias y desproporcionadas, constituyen una violación de los derechos fundamentales de los afectados.

Se considera digna de mayor protección la integridad física, el bienestar y la vida del animal que vaya a emplearse en esta edición del Toro Júbilo 2024 frente a la celebración del festejo taurino tradicional que se pretende. El elemento tradicional, la tradición y determinados ritos, no pueden alzarse como un valladar infranqueable de la consideración actual de los animales como seres sintientes y su debida y ya legal protección por la normativa europea y española.

Imponer objetivos de reducción específicos a una sola entidad privada podría vulnerar los principios de seguridad jurídica y previsibilidad, esenciales en el desarrollo del derecho corporativo, especialmente respecto a empresas multinacionales sujetas a regulaciones variadas en diferentes jurisdicciones.