Tribunales por País · página 53

La propiedad comunitaria consagrada en la Constitución Nacional no habilita bajo ningún concepto o condición, una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros, protegida por también por la Carta Fundamental. Ninguna norma inferior a la Constitución dispone, ni podría hacerlo, que el acceso a la propiedad por parte de los pueblos indígenas se concrete mediante vías de hecho (materiales o administrativas) a extramuros de las instituciones de la República.

La restricción se fundamenta en las recomendaciones derivadas de la Revisión Cass y en un informe de la Comisión independiente sobre medicamentos de uso humano. Dichos documentos concluyen que los bloqueadores de la pubertad no presentan beneficios estadísticamente significativos en el tratamiento de la disforia de género y la salud mental.

Resolvió que el reconocimiento de una sentencia extranjera que valida un contrato de gestación subrogada y atribuye la paternidad de los nacidos a los padres de intención es contrario al orden público.

Las presuntas víctimas, tanto nacionales sirios como ciudadanos extranjeros, habrían sido sometidas a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico. Asimismo, se alega que los acusados supervisaban o permitían la creación de un entorno de detención caracterizado por el uso de la violencia y el sufrimiento deliberado.

En lo relativo al daño emergente (devolución de los montos abonados por ambos paquetes) queda claro que la norma habilita el reintegro de los pasajes a una persona distinta a la designada en el contrato de transporte aéreo, cuando el pago fue realizado por otro sujeto.

Los buscadores procedieron a eliminar las URLs que la actora informó en la medida cautelar, por lo que la subsistencia de nuevas páginas de internet y URLs que sigan apareciendo en la web no es imputable a estas demandadas, sino a quienes ejercen el acto de subir la filmación a Internet.

El tribunal resalta que las actuaciones que realizó para indagar su filiación biológica, se asentaron en una afirmación inexacta, la de que la filiación materna estaba identificada en el legajo de nacimiento, y que la misma se correspondía a la demandante, lo que es incierto.

En su fallo, sostuvo que el sistema judicial de Tanzania es competente y adecuado para conocer las demandas interpuestas, rechazando los argumentos de los demandantes sobre su supuesta ineficiencia. También señaló que en Tanzania existen diversas clínicas y centros de asistencia jurídica destinados a facilitar el acceso a los tribunales para personas con recursos limitados.

Sobre posibles soluciones legislativas para la realización de futuros procesos electorales en Haití. En relación a un proyecto de enmiendas constitucionales relativas al Tribunal Constitucional y dos proyectos de ley relacionados con este órgano en Polonia, entre otros.

Entiende que esta relación representa una amenaza para la seguridad nacional y de los norteamericanos, cuyos datos podían acabar sin permiso en manos de la potencia asiática.

Juzgar con perspectiva de género implica detectar durante un procedimiento judicial una situación de desigualdad en razón del género, para corregirla a través de la interpretación y aplicación de la ley, teniendo en cuenta la especial situación de quien la padece; es una herramienta metodológica para el Juez que implica un esfuerzo intelectual por comprender la complejidad social, cultural y política que existe en relación al género para evitar situaciones de desigualdad.

El principio de proporcionalidad señala que, si bien las sanciones son necesarias en los procesos disciplinarios académicos, a fin de buscar el mantenimiento de la disciplina y convivencia en un grupo amplio de niños, la facultad de imponer sanciones no es absoluta y por tanto la proporcionalidad de la sanción se encuentra íntimamente ligada a la finalidad de los procesos disciplinarios.

Distinguió entre el olor a cannabis crudo y quemado, señalando que el primero ofrece mayor certeza sobre la localización y el estado del cannabis, indicando su presencia en el vehículo y no en un recipiente autorizado. En cambio, el olor a cannabis quemado no resulta suficiente, por sí solo, para justificar un registro sin orden.

Determinó que las acciones policiales estaban justificadas bajo la premisa de una “circunstancia apremiante”, señalando la urgencia de evitar que las drogas ingresen a la comunidad. La postura mayoritaria sostiene que las circunstancias específicas del caso, incluida la naturaleza potencialmente letal del fentanilo y la necesidad de actuar con celeridad, justificaron la omisión de una orden judicial.

Representa valores que han sido desarrollados por el legislador estatal en la normativa integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que expresamente reconoce el derecho de todos a no ser discriminados, entre otras razones, por la orientación o la identidad sexual.

Desestimó el argumento de que la ley violaba la cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, se determinó que la prohibición de procedimientos de transición de género no constituye discriminación basada en el sexo, dado que la normativa se aplica por igual a menores de ambos géneros.

La exempleadora contaba con un abanico de posibilidades sancionatorias en el ejercicio de su facultad disciplinaria antes de acudir a una medida extrema como es el despido y ello en el marco del principio de continuidad del empleo consagrado en la norma, máxime si se toma en cuenta que el actor contaba con una antigüedad de 10 años.

El sentido gramatical del precepto es claro, habla de "consultas de médicos", por lo que la consecuencia no puede ser otra que excluir a los dentistas a la hora de computar las 35 horas retribuídas de consultas médicas. Una interpretación extensiva sería contraria al sentido de la norma, que exige que las consultas sean médicas.

El servicio domiciliario de energía eléctrica no es, en sentido estricto, una prestación de salud. Sin embargo, hay casos en donde los pacientes deben consumir energía eléctrica para el funcionamiento de dispositivos médicos eléctricos. La jurisprudencia constitucional ha indicado que se constituye una barrera para los usuarios y pacientes cuando se debe asumir un costo para acceder al servicio de salud y no se cuenta con los recursos para ello.

Corresponde señalar que el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales, dirigidos a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad: art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Si bien una asociación privada ostenta el derecho a elegir libremente a quien asocia, esta facultad no puede suponer una discriminación por razón de género cuando la asociación ostente una posición "privilegiada" o "dominante" en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos.

Una compañía que brinda un servicio de intermediación en la contratación de prestaciones turísticas debe cumplir con sus obligaciones en forma diligente y así gestionar, ante un caso de fuerza mayor, todos los trámites necesarios e informar en forma clara y oportuna las posibilidades que tienen los usuarios para que puedan evaluar la conveniencia o no de las alternativas presentadas.

El derecho ambiental enfrenta el desafío que implica lograr el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva del hombre. Debiendo propenderse a continuar con esa actividad, pero con las restricciones que eviten poner en riesgo la naturaleza misma, condición previa para la realización de otros derechos humanos incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado.

Para configurar una infracción al deber de inocuidad de los alimentos, no necesariamente debe probarse la afectación particular por la ingesta de un alimento, sino que deberá determinarse el rasgo de nocividad que éste posee ante un potencial consumo por parte de un administrado.

Se garantizó ampliamente el derecho al debido proceso, y que si bien hoy en día la cuenta de la afectada se encuentra en estado “normal”, la solución llegó tardíamente (más de un año después), luego de que la actora se vio obligada a recurrir a un derrotero legal, y donde la empresa se vio indiferente durante todo ese lapso.

En el contexto actual, la legislación del Reino Unido penaliza cualquier forma de asistencia en el suicidio, lo que genera conflictos legales y emocionales significativos para las familias de pacientes terminales. En esta línea, el proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio específico que brinde claridad y certidumbre jurídica en tales casos.

No todo supuesto riesgo para la vida puede hacer que las autoridades cumplan la obligación del Convenio de adoptar medidas operativas para impedir que se materialice ese riesgo. Sólo surgirá una obligación positiva cuando se haya demostrado que las autoridades sabían o debían haber sabido que existía un riesgo real e inmediato para la vida.

La misión del abogado patrocinante no se restringe a la preparación de escritos, sino que debe asumir la plena dirección jurídica del proceso, con el empleo de la diligencia requerida por las circunstancias para conducirlo de la mejor manera posible hasta su finalización.

Desde la entrada en vigencia de la ley del 2 de agosto de 2021 relativa a la bioética, la procreación médicamente asistida ya no pretende remediar la infertilidad de una pareja sino responder al “proyecto parental” de una pareja o de una mujer soltera. En el caso de una pareja, si uno de sus miembros muere, este proyecto parental desaparece y no se puede producir la implantación de los embriones concebidos in vitro.

La finalidad del principio de acción sin daño en los segundos ocupantes es reducir el impacto que puede traer para estos sujetos las medidas de restitución de tierras, sin menoscabar la protección de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de despojo. Por esta razón, las medidas de protección a los segundos ocupantes se encuentran circunscritas a ciertos criterios.