Justicia neerlandesa condena a prisión a hombre por comercializar cachorros enfermos en internet

Un tribunal de Ámsterdam (Países Bajos) declaró culpable a un hombre de 29 años por los delitos de estafa, uso de documentos falsificados, blanqueo de capitales y omisión de los cuidados necesarios hacia los animales bajo su responsabilidad. Las denuncias contra el imputado comenzaron en 2022 a través de una fundación de protección animal, tras detectarse irregularidades en operaciones comerciales realizadas entre 2021 y 2023 en una plataforma de ventas por internet.

El imputado traía cachorros de raza Pomerania desde Bulgaria para comercializarlos en el país de destino. En las publicaciones aseguraba que los ejemplares estaban sanos, libres de enfermedades, vacunados, que tenían mayor edad a la real y que poseían una procedencia confiable. Para respaldar las ventas, entregaba pasaportes de animales que contenían etiquetas de vacunación falsificadas, las cuales presentaban inconsistencias como fechas de inmunización correspondientes a días futuros.

Tras concretar las compras, las víctimas descubrían la falsedad de los documentos al constatar el deterioro de salud de las mascotas, lo que generó elevados costos en atención veterinaria e incluso la muerte de varios ejemplares. A pesar de los reclamos presentados por los afectados y de la intervención policial, el sujeto mantuvo el mismo esquema de actuación, lo que llevó a la magistratura a concluir que utilizó estas maniobras engañosas deliberadamente para captar el dinero de los compradores.

En cuanto a la situación sanitaria, los juzgadores determinaron que el vendedor transportó y entregó ejemplares visiblemente enfermos sin solicitar asistencia profesional. Aunque la magistratura resolvió absolverlo del delito de crueldad animal al no acreditarse la causación directa de dolor o lesiones, determinó que el imputado faltó a sus obligaciones legales de cuidado al exponer a los cachorros a severos riesgos de salud por la ausencia de vacunas reales.

La sentencia fijó una pena de 180 días de prisión, de los cuales 176 quedaron en suspenso para desincentivar la reincidencia. Asimismo, se le impuso la obligación de prestar 240 horas de servicio comunitario, bajo apercibimiento de cumplir 120 días de encierro sustitutivo en caso de incumplimiento. La cuantía de la pena consideró el tiempo que el sujeto permaneció en detención preventiva, el exceso del plazo razonable del juzgamiento y las recomendaciones del servicio de libertad condicional.

Como medidas complementarias, el fallo prohibió al condenado la tenencia de cualquier tipo de animal durante un plazo de cinco años, período en el cual deberá someterse a fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la orden. En materia civil, la resolución judicial estableció que el sancionado deberá pagar una indemnización total cercana a los 19.000 euros a favor de las catorce personas afectadas por los fraudes.

Vea sentencia Tribunal de Países Bajos.